La Corte Constitucional de Colombia ha fallado a favor del derecho a la información y ordenó a la Iglesia católica entregar de forma completa los archivos que contienen denuncias de abuso sexual infantil cometidos por miembros del clero.

La decisión responde a una serie de tutelas interpuestas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes desde hace varios años investigan los casos de pederastia en el ámbito eclesiástico colombiano.

    • La sentencia exige a diócesis y comunidades religiosas del país responder integralmente a los 137 derechos de petición radicados por los comunicadores, luego de que solo se les entregara el 13 % de la información solicitada. Con esos datos parciales, lograron identificar a más de 600 sacerdotes señalados por abuso sexual. Según Barrientos, el acceso al resto de los archivos podría revelar hasta 5.000 casos adicionales.

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    La Corte, con cinco votos a favor y dos en contra, determinó que el derecho de acceso a la información y el ejercicio periodístico deben primar frente a los argumentos esgrimidos por la Iglesia, como el secreto pontificio. El alto tribunal subrayó que permitir el acceso a estos documentos es vital para garantizar el rol del periodismo en una sociedad democrática.

    La orden también alcanza a la Fiscalía General de la Nación, que deberá entregar en un plazo de 48 horas los datos solicitados por la periodista Andrea Díaz Cardona, de la BBC, sobre 86 procesos penales relacionados con delitos sexuales atribuidos a altos miembros de la Iglesia cometidos entre 1992 y 2021.

    Uno de los casos que ha generado mayor atención es el del sacerdote Darío Chavarriaga, acusado de abusar de ocho menores de una misma familia en los años setenta. La denuncia fue elevada en 2014 al entonces superior de los jesuitas en Colombia, Francisco de Roux, a quien se le señala de haber encubierto el caso. El actual líder de la comunidad, Hermann Rodríguez, también ha sido cuestionado por presuntas omisiones e inconsistencias en las respuestas a los derechos de petición.

    Respuesta de la Conferencia Episcopal

    Tras conocerse el contenido del Comunicado 19 emitido por la Corte Constitucional sobre la Sentencia SU-184/25, la Conferencia Episcopal de Colombia manifestó que estudiará con atención la decisión “cuando se haga pública”, reiterando su respeto a las determinaciones del máximo tribunal constitucional. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la solidaridad hacia las víctimas y la búsqueda de la verdad, la justicia y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

    Sin embargo, el pronunciamiento también expresó preocupación sobre el alcance de la orden judicial, en particular por la solicitud de entregar información relacionada con todos los sacerdotes, vivos o fallecidos, sin distinguir si enfrentan o enfrentaron denuncias. Según el organismo, dicha exigencia se basa en una “presunción generalizada de mala fe contraria a la de inocencia”, lo cual, aseguran, constituye un acto de discriminación.

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    La Iglesia insiste en que el acceso a la información debe respetar principios como la dignidad humana, la libertad religiosa, la legalidad, la honra y la no generación de estereotipos. A pesar de las reservas, señaló que mantiene su compromiso con la transparencia dentro de estos marcos.

    Por ahora, los periodistas esperan la notificación oficial del fallo, mientras advierten que presentarán incidentes de desacato contra cualquier entidad o persona que incumpla con la entrega de información ordenada por la Corte.

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