La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador antioqueño del partido Cambio Radical, José Ignacio Mesa Betancur, a una pena de 76 meses de prisión (seis años y tres meses) y al pago de una multa equivalente a tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena y se le negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena.
Mesa Betancur inició su carrera política en el Concejo Municipal de Envigado, y luego fue elegido diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo 1991-1994. Posteriormente, se desempeñó como alcalde de Envigado y senador de la República entre 1998 y 2006, llegando a ocupar la vicepresidencia primera del Senado. Entre 2010 y 2018 fue representante a la Cámara por Antioquia, siendo nuevamente electo en 2018. A lo largo de su carrera fue considerado uno de los líderes políticos más influyentes del departamento de Antioquia.
Según el fallo, Mesa Betancur estableció vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en especial con la estructura criminal conocida como la Oficina de Envigado, a través de los cabecillas Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, y Gustavo Upegui. Estos nexos tenían como objetivo obtener apoyo económico y político para sus campañas a la Alcaldía de Envigado y al Senado de la República.
La investigación determinó que, entre 1994 y 2006, Mesa se concertó con estas organizaciones al margen de la ley en un contexto de fuerte dominación paramilitar en Medellín y el Valle de Aburrá. La Corte concluyó que el excongresista utilizó su cargo para promover los intereses de la estructura criminal, facilitando su expansión y penetración en las instituciones del Estado.
El alto tribunal destacó que esta relación no se limitó a hechos aislados, sino que respondió a una asociación de carácter permanente con el objetivo de fortalecer el control político y territorial de la organización.
La decisión reafirma la responsabilidad de funcionarios públicos que, en el marco del conflicto armado colombiano, pusieron su investidura al servicio de intereses ilegales.
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