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Condenaron al exsenador José Ignacio Mesa Betancur por nexos con grupos armados ilegales

  • La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador antioqueño del partido Cambio Radical, José Ignacio Mesa Betancur, a una pena de 76 meses de prisión (seis años y tres meses) y al pago de una multa equivalente a tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena y se le negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena.

    Mesa Betancur inició su carrera política en el Concejo Municipal de Envigado, y luego fue elegido diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo 1991-1994. Posteriormente, se desempeñó como alcalde de Envigado y senador de la República entre 1998 y 2006, llegando a ocupar la vicepresidencia primera del Senado. Entre 2010 y 2018 fue representante a la Cámara por Antioquia, siendo nuevamente electo en 2018. A lo largo de su carrera fue considerado uno de los líderes políticos más influyentes del departamento de Antioquia.

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    Según el fallo, Mesa Betancur estableció vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en especial con la estructura criminal conocida como la Oficina de Envigado, a través de los cabecillas Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, y Gustavo Upegui. Estos nexos tenían como objetivo obtener apoyo económico y político para sus campañas a la Alcaldía de Envigado y al Senado de la República.

    La investigación determinó que, entre 1994 y 2006, Mesa se concertó con estas organizaciones al margen de la ley en un contexto de fuerte dominación paramilitar en Medellín y el Valle de Aburrá. La Corte concluyó que el excongresista utilizó su cargo para promover los intereses de la estructura criminal, facilitando su expansión y penetración en las instituciones del Estado.

    El alto tribunal destacó que esta relación no se limitó a hechos aislados, sino que respondió a una asociación de carácter permanente con el objetivo de fortalecer el control político y territorial de la organización.

    La decisión reafirma la responsabilidad de funcionarios públicos que, en el marco del conflicto armado colombiano, pusieron su investidura al servicio de intereses ilegales.

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