En el marco del Paro Nacional, Procuraduría anuncia investigaciones en el Oriente

Las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril han traído consigo un sinnúmero de consecuencias, las cuales repercuten en el ámbito social, económico y político del país. Durante estos 22 días de Paro Nacional se han presentado episodios de multitudinarias movilizaciones ciudadanas a lo largo y ancho de Colombia, bloqueos viales, enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades, alteraciones al orden público, violaciones a los derechos humanos, revuelos al interior del Gobierno y partidos políticos, fallecidos, heridos, desaparecidos e incluso investigados por los entes de control.

Sobre este último aspecto, la Procuraduría General de la Nación anunció a través de un comunicado el inicio de procesos de acción disciplinaria contra funcionarios del Estado, que, según el ente acusador, estarían involucrados en el derrotero de las protestas que actualmente se desarrollan en el país.

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En desarrollo de la estrategia investigativa para el esclarecimiento de los hechos por presunta violación a los derechos humanos registrada durante la movilización ciudadana, la Procuraduría ha abierto 80 procesos disciplinarios”, dice el comunicado de la entidad, en donde se señala a dos funcionarios del Oriente Antioqueño: el concejal del municipio de Guarne, John Salazar, y el Gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño, Felipe Cadavid.

Sobre el tema, el corporado del Concejo de Guarne realizó un pronunciamiento en días pasados a través de su cuenta de Facebook, donde dijo que “vamos a atender a lo que dice la Procuraduría y vamos a ser garantes del derecho, como siempre lo hemos dicho, bajo el tema de la legalidad. Lo dejan a uno triste estas circunstancias porque entonces estar dentro de una movilización pacífica y el acompañamiento a nuestros jóvenes se vea como un acto de incitación”, dijo.

Y es que según Salazar, “personas malintencionadas” estarían diciendo que él como concejal del municipio de Guarne estaría estimulando la realización de las manifestaciones y bloqueos de vías en la localidad, a lo que respondió que se trata de una “persecución” y que solo se ha limitado a informar a la ciudadanía sobre la realización de las actividades.

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“Tengo una posición en pro del Paro Nacional, de la manifestación pacífica, cultural y ciudadana, y esto no puede ser un motivo para una persecución. Vamos a esperar a ver qué dice la Procuraduría”, añadió el Concejal.

Al respecto, en un apartado del Concepto 116151 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se indica que: “una vez revisadas las normas que determinan las inhabilidades e incompatibilidades comunes a todo servidor público; es decir, las contenidas entre otros en los artículos 122, 126, 127, 128, 129 de la Constitución Política; los artículos 35, 37 y 38 de la Ley 734 de 2002; así como el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 y la Ley 136 de 1994, se colige que no existe incompatibilidad o prohibición alguna para que un concejal participe en marchas o protestas”.

Por otra parte, el ente regulador emprendió una investigación preliminar en contra de Felipe Cadavid, gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño, a causa del ya conocido caso en el que se vio involucrado, donde él realizó un comentario discriminatorio hacia el joven activista de la ciudad de Pereira, Lucas Villa, quien recibió ocho disparos en medio de las protestas y falleció en días pasados en un centro asistencial.

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La polémica del funcionario empezó cuando publicó en Facebook un comentario en el que decía que Villa “llevaba 17 años estudiando, era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”, hecho que llevó a un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía, que pidió su renuncia al cargo como gerente de la entidad prestadora del servicio de salud de Nariño.

Al respecto, Cadavid expidió un comunicado en el que asegura que su comentario fue realizado en el marco de una cadena de comentarios y réplicas que se venían agregando a la publicación, y que, además, dentro de su texto faltó un signo de interrogación y por tanto se malinterpretó su reacción. Al parecer, su comunicado no fue suficiente y ahora deberá responder por los hallazgos que realizase la entidad.

MiOriente también conoció que la Procuraduría recibió varias denuncias en contra de docentes de instituciones educativas oficiales por incitar a estudiantes a las marchas, acusaciones en las que se argumenta que no van a clases presenciales pero sí a las jornadas de manifestaciones.

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