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¡Colombia en crisis! Este es el panorama del Paro Nacional

  • A través de los años, Colombia ha demostrado su descontento frente a los manejos que le dan a asuntos de la Nación y lo ha hecho en las calles, donde la ciudadanía, por medio de prolongadas marchas y de arengas, gritan al Gobierno Nacional su reclamo por múltiples aspectos que de manera directa afectan a la población.

    Y es que el Paro Nacional de 2021 es uno más de los tantos que han existido a lo largo de la historia: fue destacado el paro agrario del 2013, promovido durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, movimiento denominado popularmente como la “rebelión de las ruanas”, donde los gremios campesinos y camioneros paralizaron el país por 25 días, dejando, según el informe de la Organización Somos Defensores, un total de “15 personas asesinadas, 7 víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 315 personas detenidas arbitrariamente, 40 personas víctimas de fuertes golpizas, 329 que, a causa de los ataques, resultaron con algún tipo de lesión y/o herida y 5 personas con heridas graves que les derivó incapacidad parcial o total”. 

    Pero no solo el de 2013 fue contundente, en la última década transcurrida se han presentado varias protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones tales como el paro universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año; las protestas de 2019-2020, desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno; las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, donde se produjo una serie de disturbios en rechazo a los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020 y donde se habló acerca de la reforma e incluso desaparición del Esmad; la peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de las FARC-EP y, recientemente, el Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril y hoy completa casi un mes de movilizaciones.

    Colombia y América Latina son referentes en todo lo que tiene que ver con la reclamación de derechos, en 2019 un país como Chile emprendió protestas en contra del presidente Sebastián Piñera que tuvieron como resultado relevante el acuerdo para una reforma a la Constitución de ese país; Ecuador, donde la ciudadanía rechazaba diferentes medidas tomadas por el mandatario Lenin Moreno; Bolivia, que durante el 2019 vivió una gran crisis pos-electoral que terminó con la renuncia de Evo Morales a su cargo como presidente; Venezuela se suma en este recuento con las protestas en contra de Nicolás Maduro, quien poco a poco desató la contingencia migratoria más importante del continente; en el mismo año, Perú vivió un estallido social en contra del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Hoy en 2021, en medio de una pandemia que completa más de un año, Colombia vuelve a ser referente debido al estallido social que sigue vigente. 

    El descontento ciudadano actual tomó fuerza cuando el Gobierno Nacional anunció la radicación de una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República, este proyecto legislativo buscaría tapar el hueco fiscal de 23,4 billones de pesos provocado por la crisis monetaria que Colombia afronta a causa del coronavirus, según expresó en ese momento el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La tributaria, en medio de su pliego, tocaría los bolsillos de la clase trabajadora, lo cual agudizó la situación e incentivó, en especial, a la Central Unitaria de Trabajadores y a las demás organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Paro a convocar a una gran movilización el pasado 28 de abril, día cero del Paro Nacional. 

    Sin embargo, el disgusto por la reforma tributaria sería solo el primer punto del pliego de peticiones de los convocantes a la movilización, en total son 19 las exigencias -que están divididas en varios puntos-, donde se destaca la garantía de la protesta, ya que piden retirar al Ejército y al ESMAD de las calles y buscan que la Policía no utilice armas de fuego que puedan generar daños a los manifestantes; también demandan que el Presidente de la República, como jefe de Estado y comandante de las fuerzas armadas del país, condene los abusos de la fuerza pública y se comprometa a sancionar a quienes cometan estos actos.

    Además de lo anterior, la mesa de diálogo ha exigido al Gobierno Nacional el desmonte de la reforma a la salud y el fortalecimiento del Plan de Vacunación que hoy se desarrolla en el país, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, etc.), matrícula gratis en entidades públicas y un no a la alternancia educativa y a la discriminación de género, e, igualmente, se pide respeto por la diversidad sexual y étnica; rechazan las privatizaciones de empresas públicas y la derogación del Decreto 1174 de 2020, que según las centrales obreras afecta el sistema general de pensiones para los trabajadores informales; exigen detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato, el retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), entre otras peticiones que incluso están consignadas en el pliego radicado en el 2020. 

    Desde el pasado 28 de abril, hasta hoy, se han presentado manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, donde, en las calles, los ciudadanos demuestran su descontento ante las disposiciones del gobierno central a través de arengas y mensajes de oposición en movilizaciones que son, en su mayoría, pacíficas y sin hechos que inciten a la violencia.

    A pesar de esto, el desorden público y el exceso por parte de la fuerza pública no se han hecho esperar, tanto así que, de acuerdo con el último informe de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el Paro Nacional se habrían presentado 51 asesinatos, de los cuales 43 podrían atribuírsele a la fuerza pública. La estadística más alta está relacionada con los casos de violencia policial, que suman 2.387. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía reportan un total de 703 uniformados lesionados en las manifestaciones y 160 personas imputadas por presuntamente cometer actos vandálicos.

    Tal ha sido el impacto mediático y social de las protestas a nivel nacional e internacional, que la ONU y la Unión Europea llamaron a la calma y advirtieron sobre el uso excesivo de la fuerza en las marchas contra el Gobierno, mientras las muertes de manifestantes siguen aumentando y las jornadas de paro continuaron avanzando durante la noche en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín.

    “Hacemos un llamamiento a la calma, recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporción a la hora de vigilar las manifestaciones”, indicó Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

    ¿Qué han logrado con las manifestaciones? 

    Hoy, 25 días después del inicio de las manifestaciones, la ciudadanía continúa en las calles aunque con varias victorias a cuestas. La primera derrota del Gobierno sobrevino con el retiro de la reforma tributaria, hecho que fue anunciado el pasado 2 de mayo por el mismo presidente Iván Duque Márquez; un día después se conoció la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, suceso que dejó un sabor agridulce entre la ciudadanía, pues él mismo sería propuesto por el primer mandatario para ser el Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. 

    Gracias a las protestas también se despidió del trámite la reforma a la salud, la cual fue archivada con 27 votos a favor y 5 en contra en las comisiones séptimas de Senado y Cámara este miércoles 19 mayo. Y es que internamente el Gobierno ha presentado un revolcón a causa de la coyuntura social, un gabinete que convulsionó en varios aspectos: primero por la salida del ya citado exministro de Hacienda; el cambio de cartera de José Manuel Restrepo, quien estaba a la cabeza del Ministerio de Comercio y pasó a reemplazar a Carrasquilla desde el 4 de mayo; la renuncia irrevocable de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, el pasado 13 de mayo debido a la lupa que impusieron organismos de DD.HH, la presión internacional y el deficiente manejo diplomático que desde la cancillería se dio respecto al paro nacional. 

    El más reciente cambio anunciado por el presidente Duque fue el nombramiento de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en ese Ministerio, de manera que desde el 19 de mayo ostenta ambos cargos en el Gobierno y, además, queda descartada la posibilidad de aspirar a las elecciones presidenciales de 2022. Por las exigencias de los manifestantes, el primer mandatario también anunció matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en el segundo semestre de 2021 en instituciones de educación superior públicas de todo el país y, adicionalmente, a partir de 2022 se espera que esa determinación se convierta en ley de la República. 


    La más reciente sacudida para el país a causa de la situación actual es el retiro de Colombia como sede de la Copa América, noticia que fue anunciada por la Conmebol después de que el Gobierno solicitara a la organización el reagendamiento del torneo para el mes de noviembre, a lo que respondieron que “por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre”. 

    Finalmente, y a pesar de no estar en el pliego de peticiones, el programa del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, se dejó de emitir desde el pasado 4 de mayo sin mayor explicación que la de negociar con el Comité del Paro Nacional. 

    Actualmente, el Comité y el Gobierno han ido desarrollando encuentros de diálogo, sin embargo no llegan a acuerdos contundentes que sirvan de horizonte para el fin de las protestas en el país. “Estamos en la construcción de un documento que garantice los derechos de los protestantes durante las movilizaciones. Una vez surtido este acuerdo de garantías, avanzaremos en la negociación del pliego emergencia que presentamos el 20 de julio del año 2020. Aspiramos a que haya más noticias positivas para el pueblo colombiano este fin de semana”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés.

    Las mismas organizaciones que conforman el Comité han convocado a nuevas marchas el próximo 26 y 28 de mayo en todo el país, de modo que, aparentemente, se dará continuación al inminente estallido social en Colombia, uno que ha generado una revolución mediática, económica, social y política, que, sin duda, marcará la historia reciente del país. 

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