Por: Carlos Humberto Gómez
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La propuesta de crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN), impulsada por ocho municipios del Altiplano y respaldada por la Gobernación, ha despertado un debate intenso, como suele ocurrir con los proyectos que buscan transformar realidades territoriales. Sin embargo, detrás de las pasiones políticas, los temores infundados y las narrativas polarizantes, hay una oportunidad histórica para que los ciudadanos ejerzan su derecho a decidir con responsabilidad y conocimiento.

    • El proceso, que avanza en el Congreso tras recibir un concepto favorable sobre la conveniencia, oportunidad y demás aspectos relevantes en la Comisión Legal Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, reafirma el camino a seguir en una consulta popular, donde los habitantes de estos municipios votarán si aprueban o no la nueva figura asociativa. Ahora, en un evento a realizarse el viernes 11 de abril en el municipio de La Ceja del Tambo, sesionará la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, la cual se ocupará de darle el trámite correspondiente según sus facultades.

    La desinformación al orden del día

    La convocatoria —que emita la Registraduría— independientemente del concepto, es un ejercicio democrático que merece respeto, pero también exige claridad. La desinformación, los mitos y las posturas radicales han nublado el diálogo, generando confusión en lugar de facilitar una reflexión colectiva serena.

    Es comprensible que existan dudas. La autonomía municipal, el manejo de recursos hídricos, la influencia política y el impacto en la ruralidad son temas sensibles. Algunos temen que el municipio núcleo imponga su voluntad; otros ven en la asociación una amenaza a la identidad campesina; y no faltan quienes desconfían de intereses económicos ocultos. Estos argumentos, válidos en su esencia, pierden fuerza cuando se convierten en consignas vacías, repetidas sin contexto ni evidencia.

    Por eso, el llamado urgente es a escuchar, contrastar y cuestionar con rigor. ¿Qué dice el proyecto técnicamente? ¿Qué competencias tendría el Área Metropolitana? ¿Cómo se protegerán los acueductos locales o la vocación agrícola? Estas preguntas no pueden responderse con suposiciones ni con campañas de desprestigio. Requieren estudiar los documentos, analizar experiencias similares y exigir espacios de pedagogía transparentes.

    Es igualmente necesario reconocer que, en democracia, las mayorías y minorías tienen voz. El argumento de que "solo el 5% del censo electoral decidirá" es una simplificación temeraria: toda consulta popular se rige por reglas claras, y su legitimidad depende de la participación informada de todos. Descalificar el mecanismo solo alimenta la desconfianza en las instituciones.

    ¿Hay riesgos? Toda transformación territorial los implica. Sin embargo, también podría servir para mejorar la planificación urbana, optimizar recursos, fortalecer la gobernanza regional y enfrentar desafíos comunes como el cambio climático o el desarrollo económico sostenible. La clave está en el diseño institucional, en los controles democráticos y en la vigilancia ciudadana. Ese es un argumento con el que la ciudadanía puede tomar la decisión.

    La incidencia de las elecciones legislativas

    Ante las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, que se realizarán el 8 de marzo de 2026, es natural que actores políticos busquen capitalizar el debate. Sin embargo, este no puede reducirse a una discusión partidista. El Valle de San Nicolás no es patrimonio de un sector ni de una ideología: es el hogar de miles de personas cuyas necesidades trascienden colores políticos.

    En tal sentido, es imperativo hacer un llamado a los ciudadanos a no dejarse llevar por la desinformación. A buscar fuentes oficiales, asistir a foros públicos, dialogar con vecinos y exigir claridad a sus líderes. A separar los hechos de los rumores, especialmente en redes sociales digitales.

    Esta oportunidad de consulta popular es una prueba de madurez cívica. No se trata de "ganar" o "perder", sino de construir desde el disenso. Que prevalezca la voz del ciudadano que lee, compara y vota con conciencia, no la del que repite consignas o se deja llevar por el miedo. El Altiplano y el Oriente antioqueño merecen un debate elevado, donde prime la razón sobre el odio y la esperanza sobre la desconfianza.

    ¿Sabías qué...?

    Debe entenderse que el concepto emitido por las Comisiones de Seguimiento a la Descentralización y el Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara, como requisito del trámite de constitución del Área Metropolitana, no es vinculante, pues la conformación de esta entidad administrativa territorial no depende de que este sea favorable, sino esencialmente de la celebración de una consulta popular.

    ¿Y qué dice la Corte Constitucional al respecto?

    Sentencia C-180 de 1994, MP. Hernando Herrera Vergara:

    "El principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo".

    "La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho".

    "Uno de los fines del Estado Social de Derecho es el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a la participación no solamente política, sino en todas las decisiones que los afecten, como se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 40-2, 103 y 270 de la Constitución".

    Al final, como bien lo señala la Constitución, el poder primario reside en la gente, y como ciudadano informado, reclamo mi derecho a participar y a decidir si el Valle de San Nicolás se constituye o no en un nuevo esquema asociativo territorial.

    * Periodista y director de La Prensa Oriente