Gran polémica ha causado el proceso de desalojo de cerca de 90 viviendas en el corregimiento de Altavista y de 35 en el barrio Villatina, occidente y oriente de Medellín, respectivamente, por estar en una zona clasificada como de riesgo no mitigable por los movimientos de tierra y avenidas torrenciales que han cobrado la vida de múltiples personas en varios municipios del Valle de Aburrá en la temporada de lluvias.
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Los procesos se han adelantado con el escuadrón antidisturbios de la Policía y con funcionarios que realizan la demolición de estas casas, expuestas al riesgo por la emergencia ocurrida el 21 y 22 de mayo en la comuna 8, Villa Hermosa.
Las familias afectadas por el desalojo serán incluidas en el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAER), que contempla apoyo psicosocial, ayudas económicas transitorias, reubicación y manejo adecuado de residuos. A pesar de esto, algunos miembros de la comunidad, mesas de derechos humanos y hasta un concejal de la ciudad denuncian presunto desalojo humanitario sin garantías, sin cumplir protocolos de gestión del riesgo y dejando en incertidumbre las familias.
Mefi Boset Rave, personero de Medellín, se refirió a esta situación e indicó que esta entidad, como garante de los derechos humanos, verificará que la oferta institucional sí se cumpla y que las familias no queden a la deriva, sin hogar.
“Como Personería lo primero que tenemos que entrar a verificar antes de que se realicen estas evacuaciones humanitarias es que exista oferta institucional, (…) nuestro deber misional es acompañarlas, y no solamente es ir allá, ya le he dado instrucciones a mi equipo de trabajo de que hay que seguir verificando que la oferta que se les dé o lo que se les ofrezca en su momento, pues sí se materialice y sí se cumple”, dijo el personero.
Por último, desde la Alcaldía señalaron que se trata de una intervención preventiva, y no se cerraron a realizar más desalojos por alteraciones en el terreno.
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