En un giro alarmante de los eventos que ocurrieron en la unidad residencial Gotham de Medellín, se reveló que los menores de edad que estuvieron en compañía de un ciudadano norteamericano portaban cédulas venezolanas falsas.
Juan David Bazzani Montoya, socio director de Riveros Bazzani Abogados, quien representa a la empresa propietaria de la vivienda turística donde ocurrieron los hechos, proporcionó detalles impactantes sobre el incidente durante una entrevista.
Bazzani Montoya hizo hincapié en que el establecimiento donde ocurrió el incidente es una vivienda turística, no un hotel convencional. Explicó que este tipo de propiedades, administradas a través de plataformas como Airbnb, operan de manera autónoma sin personal de recepción en la entrada, lo que dificulta los controles de ingreso.
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Aún así, según el relato del abogado, un guardia de seguridad impidió inicialmente la entrada de los menores y el adulto debido a que presentaron cédulas venezolanas, documentos no válidos según las políticas del establecimiento, ya que si se trata de extranjeros deben presentar el pasaporte. Además de que era apenas evidente que los menores no cumplían con la mayoría de edad, así intentaran identificarse con un documento falso. Sin embargo, más tarde, aprovechando un descuido del vigilante, lograron ingresar clandestinamente con la ayuda de un niño de 10 años, quien actuaba como campanero.
Este incidente pone de manifiesto la explotación de menores en el contexto del turismo sexual en Colombia. Bazzani Montoya expresó su consternación por la situación, destacando la urgencia de tomar medidas más rigurosas para combatir este flagelo.
Adicionalmente, se conocieron incidentes previos en una propiedad similar administrada por la misma compañía, donde se expulsó a un ciudadano extranjero por organizar fiestas con presencia de menores y actividades relacionadas con la prostitución.
En cuanto a las acciones legales, Bazzani Montoya informó que la empresa ha colaborado estrechamente con las autoridades, proporcionando toda la información relevante para esclarecer los hechos. Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General de la Nación han iniciado investigaciones para determinar las responsabilidades y tomar medidas legales apropiadas.
El abogado concluyó haciendo un llamado a las autoridades para que refuercen los controles y tomen medidas efectivas contra el turismo sexual y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Instó a la sociedad a unirse en la construcción de un país donde prevalezca la seguridad y el respeto hacia los menores.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de abordar de manera integral el problema del turismo sexual y la explotación infantil en el país, así como de fortalecer los mecanismos de protección y control en establecimientos turísticos para prevenir futuros casos similares.
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