Elkin Ospina, representante a la Cámara y exalcalde del municipio de La Ceja, emitió un comunicado a la opinión pública tras la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Medellín, en el que expresó profundas preocupaciones frente al desarrollo del evento realizado en La Alpujarra, especialmente por la presencia de reconocidos cabecillas delincuenciales en tarima.
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Ospina aclaró que respeta la investidura presidencial y no se opone a que el mandatario visite Antioquia. Sin embargo, denunció lo que consideró como una estrategia divisiva por parte del presidente: “Su gobierno, a poco más de un año de terminar, sigue acusando a los antioqueños de actos de violencia que no representan a la mayoría de esta población pujante y llena de virtudes”.
En su comunicado, el líder político también cuestionó la forma en que el presidente ha descalificado a quienes no comparten su visión política, señalando que Petro no cumple con su deber constitucional de simbolizar la unidad nacional. “Irrespeta a los mandatarios locales elegidos por los antioqueños y pretende dividir en lugar de unir”, expresó Ospina.
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento fue la aparición de jefes de estructuras criminales en el evento presidencial. Según el congresista, el presidente “ordenó sacar de las cárceles a los jefes de bandas delincuenciales que han causado décadas de dolor en Antioquia”. Cuestionó si dicha acción contó con autorización judicial y cómo se garantizó la seguridad del acto, planteando además el riesgo de fuga de los liberados.
“¿Creen que eso favorece a Antioquia? ¿Creen que la mayoría de antioqueños estamos conformes con eso?”, se preguntó, visiblemente indignado.
Elkin Ospina concluyó su declaración recordando el dolor que la violencia ha dejado en el departamento: “Antioquia ha sumado mucha sangre en esa guerra irracional. Tratar a estos bandidos como distinguidos personajes no aporta nada a la convivencia de los antioqueños”.
El pronunciamiento se suma a la creciente controversia nacional que ha generado la presencia de integrantes de la llamada «mesa de paz urbana» en escenarios públicos del Gobierno, y refleja el creciente malestar de sectores regionales frente a la estrategia de diálogo con estructuras criminales.
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