Wilmar Mejía anunció de manera verbal su renuncia como representante del presidente en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia. La salida aún no es oficial y depende del decreto que debe firmar el presidente Gustavo Petro. El anuncio se conoció el 26 de noviembre, cuando Mejía afirmó en Teleantioquia que consultaría su decisión con el mandatario y que esperaba que esta fuera aceptada.
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Mejía había expresado inicialmente su intención de permanecer en el cargo hasta que concluyeran los debates presupuestales de la universidad, en medio de la crisis financiera que enfrenta la institución. Sin embargo, la presión interna y las discusiones en el CSU lo llevaron a adelantar su salida. El 25 de noviembre, durante una sesión clave, Mejía se retiró pocos minutos después de iniciada. Esta ausencia llevó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a solicitar públicamente su retiro del consejo.
El caso avanza mientras se conocen detalles del expediente Calarcá, que lo menciona en interceptaciones a las disidencias de las Farc. Según documentos divulgados por Noticias Caracol y Blu Radio, en los reportes de inteligencia aparece un individuo identificado como alias Chulo, quien, de acuerdo con esos informes, correspondería a Mejía. Las acusaciones señalan su presunta participación en la creación de una empresa de seguridad fachada y la posible filtración de información operativa desde su cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En el CSU, el caso abrió un debate sobre su doble rol. Integrantes del consejo afirmaron que desconocían que Mejía ejercía simultáneamente como director de Inteligencia Estratégica de la DNI, lo que generó inquietudes sobre su participación en decisiones recientes, incluida la elección del rector.
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La Asamblea de Antioquia pidió a la Procuraduría evaluar una posible suspensión, mientras sectores políticos y autoridades locales enviaron solicitudes de compulsión de copias a los organismos competentes. En sus declaraciones, Mejía negó los señalamientos, aseguró que los audios divulgados están fuera de contexto y afirmó que su presencia en zonas de conflicto respondió a labores de asesoría social y participación en mesas de paz, previas a su vinculación al sector público.
La renuncia solo tendrá efecto cuando sea aceptada por el presidente. Entre tanto, la Procuraduría y la Fiscalía analizan la información recibida para definir los próximos pasos en las investigaciones.
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