A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación se refirió a la información revelada por Noticias Caracol, sobre la presunta relación entre integrantes del Ejército y del Gobierno con las disidencias de las Farc dirigidas por alias Calarcá. Explicaron que toda la información adquirida desde el 23 de julio del 2024 (fecha en la cual se detuvo la caravana con disidentes en Anorí) quedó a disposición de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, la cual, según la entidad, no la remitió ni al despacho de la fiscal general ni a ninguna otra dependencia, durante 16 meses, ni alertó por posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia.
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La Fiscalía explicó que dicha información ha servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia, así como a tres integrantes de la caravana donde iba Calarcá que no fueron dejados en libertad bajo la figura de gestores de paz.
Por otro lado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó compulsar copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.
“Con ocasión de las verificaciones realizadas en el día de hoy en Medellín, que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía aseveró por su parte que los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la Dijín, por lo que calificaron como alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, “en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.
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Por su parte, el general Huertas, implicado en este caso, publicó un comunicado en el que rechaza las afirmaciones que se han realizado contra su persona, sobre una presunta vinculación con las disidencias de las Farc. Negó todo vínculo o acercamiento con ese grupo armado.
“Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en archivos incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”, escribió el uniformado.
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