Foto: Cortesía.

En el informe trimestral presentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Antioquia, el departamento se destacó como un referente en la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. Se resaltaron los proyectos y avances significativos en el proceso de reincorporación de los firmantes de paz, destacando un acuerdo reciente entre la alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la JEP y otras instituciones, respaldado por la ONU, para trabajar en la reparación de víctimas del conflicto.

  • Enrique Sánchez Aira, jefe de la oficina regional de Medellín de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expresó la importancia de este proyecto preparado, que busca que los comparecientes reconozcan su responsabilidad y ofrezcan algún tipo de ayuda o perdón en temas de reconciliación. Este acuerdo pretende abrir espacios para la reconciliación y el esclarecimiento entre los comparecientes y las víctimas del conflicto armado en Antioquia, una de las regiones más afectadas por la violencia.

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    A pesar de los avances, también se destacó desde el informe la necesidad de redoblar esfuerzos en seguridad y garantizar un acompañamiento integral del Estado para asegurar la vida y reincorporación de los excombatientes. A la fecha, 1.304 excombatientes avanzan en el proceso de reincorporación en Antioquia, con algunos aún en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (AETCR).

    El informe también pone de relieve los desafíos en seguridad, particularmente en el nordeste antioqueño, donde persisten amenazas, desplazamientos y confinamientos en municipios como Segovia y Remedios. Se enfatiza la importancia de una presencia integral del Estado para apoyar a estas comunidades.

    Aunque se destaca que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 no hubo asesinatos de excombatientes en Antioquia, se rechaza el asesinato del líder social Argemiro Mayo en Mutatá, el 10 de enero del año en curso.

    Por otro lado, se resaltan iniciativas de reincorporación civil, como proyectos productivos y acceso a tierras y vivienda. Durante este período, se aprobaron 15 proyectos colectivos y 557 proyectos individuales, con personas en ruta de inclusión laboral y formación para el trabajo.

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