El pasado 16 de junio de este año, el Gobierno nacional ordenó la intervención forzada contra la EPS mixta Savia Salud, principal aseguradora del régimen subsidiado en el Oriente Antioqueño y el resto del departamento.
En ese momento se argumentó que la intervención era necesaria debido a las deudas de 793.000 millones de pesos que sumaba la EPS, a la cual están afiliados casi un millón 700 mil antioqueños, en su mayoría de bajos recursos.
Sin embargo, hoy el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que la prestación del servicio y el cumplimiento de los indicadores están en declive debido a la intervención de la Superintendencia de Salud.
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Muestra de ello es que cuando la intervención inició la EPS estaba cumpliendo 14 de los 19 indicadores. Sin embargo, hoy solo estaría cumpliendo tres de los 19 indicadores.
A lo anterior se suma que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias contra la entidad aumentaron en un 37 % desde que inició la intervención. Es decir, hoy los pacientes están más afectados en su atención.
Lo más grave es que si la intervención especial no surte efectos, la EPS podría ser liquidada y sus afiliados trasladados a otras entidades, lo que seguiría saturando el sistema.
