La Procuraduría General de la Nación presentó el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia, revelando que 29 de los 32 departamentos del país están afectados por la minería ilegal, destacándose Antioquia como uno de los más impactados.
Impacto de la minería ilegal en Antioquia
El informe subraya que Antioquia ocupa el primer lugar en afectación por minería de oro de aluvión, con 40 890 hectáreas involucradas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Municipios como Nechí, Buriticá, El Bagre, Segovia y Tarazá figuran entre las zonas más críticas, con actividades que afectan ríos estratégicos como el Cauca, Nechí y Samaná.
La minería ilícita en Antioquia ha dejado huellas graves en ecosistemas frágiles, incluidas áreas protegidas como la Ciénaga El Sapo en el Bajo Cauca y el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías. Además, el uso de mercurio en la extracción minera continúa siendo una amenaza para la salud de las comunidades ribereñas y los trabajadores del sector, con niveles alarmantes de contaminación detectados en muestras de agua y sedimentos.
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Crisis socioambiental nacional
El informe resalta que más del 50 % de los municipios colombianos han sido afectados por la minería ilegal, con Antioquia, Chocó, Bolívar, y Cauca como las regiones más perjudicadas. Este fenómeno no solo implica la degradación ambiental y la deforestación, sino que también está relacionado con problemas sociales graves, como desplazamientos forzados, explotación laboral y riesgos a la salud pública.
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, campañas lideradas por la Organización Pure Earth, con financiación de la Embajada de los Estados Unidos, evidenciaron concentraciones de metales pesados, como mercurio, plomo y arsénico, en varios departamentos.
Aunque en Antioquia se han implementado estrategias como el plan “Antioquia Cero Mercurio” y el Distrito Agrominero del Bajo Cauca, el Ministerio Público advierte que el problema persiste. La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios señaló que la protección de los recursos naturales y la promoción de un ambiente sano requieren esfuerzos conjuntos del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
La Procuraduría concluyó que enfrentar el desafío de la minería ilegal es clave para garantizar un desarrollo sostenible en el país. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones del informe se traduzcan en acciones concretas para frenar la explotación ilícita de recursos y proteger la biodiversidad.
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