En medio de la audiencia ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la delegada de la Procuraduría solicitó la nulidad del proceso que se adelanta en contra de Aníbal Gaviria Correa, gobernador electo de Antioquia, quien hoy se encuentra con medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz.
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Según el Ministerio Público, la medida de detención es innecesaria y no cumple con las exigencias de carácter constitucional y legal. En un documento enviado por la delegada a la Corte, esta posición se justificó alegando que la Fiscalía no “adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las víctimas”.
Así las cosas, la Procuraduría respalda el argumento de la defensa, cuando alega la decisión de la Fiscalía de procesar al Gobernador por medio de la Ley 600, con la cual la entidad puede acusar y privar de la libertad a los procesados mientras se recogen las pruebas, y no por la Ley 906 de 2002, donde los implicados se pueden defender en libertad.
¿Qué sigue en el proceso contra Aníbal Gaviria?
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad y el caso fue trasladado a la Sala de Casación Penal, de manera que allí continuará el proceso en contra de Aníbal Gaviria, acusado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato adjudicado en 2005 por $41.000 millones para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz, en el Bajo Cauca antioqueño.
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Por este contrato, la Fiscalía también compulsó copias para que se investigue a otros dos gobernadores: Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015), pues en sus administraciones se ejecutó el contrato.
