La Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial, realizó un operativo de inspección urbanística en el barrio Mi Casita, resultando en la suspensión de 15 construcciones que, según las autoridades, no contaban con la licencia de construcción requerida. Sin embargo, la comunidad manifestó su inconformidad con estas medidas, argumentando que son compradores de buena fe y que las construcciones cuentan con la licencia correspondiente.
La comunidad del sector Mi Casita expresó su preocupación por la situación, afirmando que se sienten “amenazados” y tratados como delincuentes. Según un representante de los residentes, ya se han realizado acercamientos con la Alcaldía y los concejales, quienes saben de su problemática.
“Nos hemos esforzado por explicar nuestra situación lo más claramente posible; somos compradores de buena fe, mientras que la constructora, encabezada por la señora Amalia Raygoza, actuó de mala fe”, señaló.
El representante de la comunidad, en conversación con MiOriente también mencionó que las edificaciones cuentan con la licencia L120, vigente desde 2008, y cuestionó las razones de la Alcaldía para afirmar que las construcciones se hicieron sin licencia.
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“Todas esas casas tienen la licencia que estuvo vigente al momento en que se levantaron las edificaciones. No entendemos por qué ahora dicen que se construyó sin licencia”, agregó.
El operativo de inspección tomó por sorpresa a los habitantes del sector. En estos momentos, la comunidad está a la espera de una respuesta de una acción popular presentada para defender sus derechos colectivos. “Nos sentimos como si estuviéramos defendiendo nuestra verdad solos, enfrentándonos a constantes ataques. Es una situación muy difícil”, dijo el líder comunal.
Las 15 construcciones suspendidas, según los residentes, pertenecen a personas que compraron de buena fe a terceros. Ante esta situación, los habitantes del barrio Mi Casita están organizando la creación de una Junta de Acción Comunal para unirse formalmente y defender sus derechos de manera más efectiva. “Nos acusan de no estar unidos, pero somos una comunidad que ha sufrido mucho en la búsqueda del sueño de tener una casa propia”, concluyó el líder.
Las autoridades locales, por su parte, insisten en que las medidas adoptadas son necesarias para garantizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y proteger la seguridad de los habitantes de Rionegro.
“No cumplieron con los requisitos y cargas urbanísticas exigidas por la ley, lo que ha impedido que cuenten con servicios públicos esenciales. Además, se ha detectado un total de 50 edificaciones ilegales en la zona, las cuales ya están en proceso de investigación bajo un proceso verbal abreviado. Sin embargo, a pesar de las órdenes de suspensión y los sellos impuestos, algunos ciudadanos han continuado con las obras, desobedeciendo las medidas impuestas”, dieron a conocer por medio de un comunicado de prensa las autoridades locales.
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Contexto de la problemática del proyecto Mi Casita
El proyecto, iniciado antes de 2008, se pensó como una urbanización campestre con casas modernas. Sin embargo, desde la disolución de la Cooperativa Multiactiva Cooperemos, encargada inicialmente del proyecto, las cosas empezaron a desmoronarse. La constructora responsable, tras la disolución de la cooperativa, quiso cambiar los alcances del proyecto.
Entre las irregularidades más destacadas se encuentran modificaciones no autorizadas a las licencias originales, cambiándolas para la construcción de torres de apartamentosen lugar de las casas prometidas. Adicionalmente, realizaron una simulación de firmas para tomar control del proyecto de manera indebida, involucrando a Amalia Raygoza en decisiones cuestionables tras la disolución de la cooperativa.
La situación se ha visto agravada por la falta de servicios públicos básicos. La urbanización sufre una grave carencia de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Los residentes se enfrentan a condiciones extremadamente precarias, incluyendo la presencia de invasiones ilegales o incluso la ausencia de ellos.
La comunidad ha recurrido repetidamente a las autoridades locales y departamentales en busca de soluciones, pero hasta ahora, las respuestas han sido insuficientes.
Las familias afectadas se encuentran en un estado de zozobra y desamparo, luchando por resolver una crisis que amenaza con desestabilizar aún más sus vidas. La falta de acciones efectivas por parte de las autoridades ha dejado a los residentes de Mi Casita en una situación desesperada, esperando una solución que aún parece lejana.
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