En el municipio de Rionegro, la urbanización Mi Casita, que en su momento prometía ser el hogar ideal para cientos de familias en busca de vivienda propia, se ha convertido en una pesadilla llena de incertidumbre y desesperación.
Originalmente concebido como un proyecto de vivienda de interés social bajo el nombre de Mi Casita, el proyecto se transformó cambiando su nombre a Bosques de la Macarena, pero ha estado marcado por serias irregularidades y problemas.
Entre las mayores problemáticas se encuentra la de los servicios públicos, los lotes aún no están desenglobados, es decir que no hay una escritura por propietario, lo cual no ha permitido que cada hogar tenga sus propios contadores. Una factura que llega para todo el predio la dividen entre las unidades familiares.
La situación se agravó en los últimos días en los que los habitantes, entre ellos mujeres gestantes, adultos mayores y niños, no han tenido el servicio de acueducto. De acuerdo con los habitantes, el prestador del servicio está haciendo unos arreglos en las tuberías, esto se suma a que las más de 80 casas apenas tienen disponible una pulgada.
La situación coyuntural en la que manifiestan que están sin agua en los últimos días, solo es la punta del Iceberg de la grave problemática que tiene el predio.
Contexto de la problemática del proyecto Mi Casita
El proyecto, iniciado antes de 2008, se pensó como una urbanización campestre con casas modernas. Sin embargo, desde la disolución de la Cooperativa Multiactiva Cooperemos, encargada inicialmente del proyecto, las cosas empezaron a desmoronarse. La constructora responsable, tras la disolución de la cooperativa, quiso cambiar los alcances del proyecto.
Entre las irregularidades más destacadas se encuentran modificaciones no autorizadas a las licencias originales, cambiándolas para la construcción de torres de apartamentos en lugar de las casas prometidas. Adicionalmente, realizaron una simulación de firmas para tomar control del proyecto de manera indebida, involucrando a Amalia Raygoza en decisiones cuestionables tras la disolución de la cooperativa.
La situación se ha visto agravada por la falta de servicios públicos básicos. La urbanización sufre una grave carencia de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Los residentes se enfrentan a condiciones extremadamente precarias, incluyendo la presencia de invasiones ilegales o incluso la ausencia de ellos.
La comunidad ha recurrido repetidamente a las autoridades locales y departamentales en busca de soluciones, pero hasta ahora, las respuestas han sido insuficientes.
Las familias afectadas se encuentran en un estado de zozobra y desamparo, luchando por resolver una crisis que amenaza con desestabilizar aún más sus vidas. La falta de acciones efectivas por parte de las autoridades ha dejado a los residentes de Mi Casita en una situación desesperada, esperando una solución que aún parece lejana.
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