El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín requirió al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, para que cumpla en un plazo de dos días el fallo de tutela que ordena girar los recursos necesarios para la realización de la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
La decisión judicial se da tras el incumplimiento del fallo de tutela n.° 159, proferido el 30 de octubre de 2025, que protegió el derecho fundamental a la participación política de los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño: Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja, El Retiro y Rionegro.
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El proceso de tutela fue interpuesto por los alcaldes de esos municipios y por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en contra del Ministerio de Hacienda, debido a la falta de desembolso de los recursos que permitirían la realización de la jornada democrática, inicialmente programada para el domingo 9 de noviembre.
En el requerimiento, el juzgado advierte que, de no cumplirse la orden, se podrá iniciar un incidente de desacato, conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
El gobernador de Antioquia señaló que el incumplimiento afecta directamente el derecho a la participación ciudadana. “A esta hora se deberían haber cerrado las urnas e iniciado el conteo de votos. Pero el Gobierno nacional no giró los recursos a la Registraduría, y aún no lo hace, pese a que se los ordenó un juez de la República”, escribió este domingo en su cuenta de X.
Rionegro, 4:00 p. m.
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 9, 2025
Para la memoria y como ataque a la democracia: a esta hora se deberían haber cerrado las urnas e iniciado el conteo de votos en la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Pero, el gobierno nacional no giró los recursos a la Registraduría…
Por su parte, Eugenio Prieto, director del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, explicó que la tutela amparó el artículo 40 de la Constitución y reiteró que el proceso no debe reiniciarse. “La jueza confirmó que el derecho constitucional a la participación política es superior y ordenó garantizar los recursos. Es falso que el proceso tenga que comenzar de nuevo”, precisó.
El fallo busca garantizar la realización de la consulta popular, cuyo objetivo es definir si los municipios mencionados conforman el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, una figura de planificación regional que implicaría decisiones conjuntas sobre movilidad, medio ambiente y desarrollo territorial.
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