Con una huelga de hambre, las personas privadas de la libertad que residen en la cárcel de Sonsón le exigieron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a la administración municipal el regreso de las visitas, canceladas desde el primer trimestre de 2020.
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Después de más de 18 meses de no compartir con sus parejas, la Secretaría de Salud de la localidad aprobó la reanudación de las visitas conyugales a los 117 reclusos del penal. La exigencia: estar vacunados y guardar una cuarentena de 14 días luego de los encuentros.
Permitimos que la cárcel diera apertura a las visitas conyugales mirando la situación epidemiológica del municipio. Tanto los visitantes, como los reclusos, deben estar vacunados
explicó John Jairo Marín, secretario de Salud de Sonsón.
Las personas que ingresen al establecimiento carcelario no pueden registrar síntomas gripales, deben presentar el carné que acredite el cumplimiento del esquema de vacunación contra el COVID-19 y, al menos, certificar que han pasado dos meses después de recibir la segunda dosis.
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Cada quince días, cuatro reclusos podrán acceder a la cita conyugal. Y, al finalizar el encuentro, serán trasladados a un cuarto de cincuenta metros cuadrados, fuera del patio, para cumplir con el aislamiento preventivo de dos semanas.
Ante una emergencia de brotes por COVID-19, se debe hacer la investigación epidemiológica y el aislamiento temprano de casos. A su vez, las autoridades impondrán medidas de restricción a las visitas, aunque deben ser temporales. Al terminar el aislamiento de los casos involucrados, se deben reabrir las visitas.
Los riesgos del COVID-19 son importantes, pero los riesgos para la salud mental, también
expresó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.
Desde el 10 de marzo de este año los ministerios de Salud y Justicia le dieron el visto bueno al regreso de las visitas conyugales y familiares, aduciendo la importancia de proteger “la salud física y mental de la población privada de la libertad”.
A través de un acto administrativo, el Gobierno le entregó la responsabilidad al INPEC y a las secretarías locales de salud para determinar la pertinencia y condiciones de la reactivación o restricción de las visitas dentro de los centros penitenciarios.
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