El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) administra dos centros de reclusión de mediana seguridad en el Oriente antioqueño: uno ubicado en La Ceja y el otro en Sonsón. Según el Ministerio de Justicia, en la subregión el INPEC puede atender a 189 personas privadas de la libertad, pero la sobrepoblación se mantiene desde el 2010.
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Desde hace 47 años, dos patios albergan a la población reclusa de La Ceja y la que llega de otras zonas del país. La infraestructura del establecimiento tiene una capacidad máxima de 114 personas. Hoy -con base en los datos del INPEC- hay 105 reclusos de más. Es decir, hay una sobrepoblación del 92,1 %.
Por celda hay ocho personas. En cada una hay el doble de reclusos. Cerca del 80 % están en uno de los patios
contó Alejandra Arenas Moreno, personera de La Ceja.
Detrás de la majestuosa fachada de la cárcel de Sonsón, adornada con la más fina arquitectura romana, las doce celdas deben alojar a 75 reclusos; sin embargo, hay 117 personas. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario indicó que el hacinamiento en este municipio es del 56 %.
Tenemos un problema grave de hacinamiento y no es solo en Sonsón.
explicó Edwin Montes, alcalde de Sonsón.
Ambas localidades sobrepasan el índice de hacinamiento departamental que escala hasta el 44,8 %, una cifra que esconde la situación que enfrentan las personas que buscan resocializarse.
De acuerdo con el relato de los funcionarios del Ministerio Público, las familias de los reclusos se han visto en la necesidad de proveer los elementos para que puedan dormir: colchonetas, cobijas y almohadas. Las personas privadas de la libertad están unos sobre los otros.
El hacinamiento y la pandemia
El 18 de marzo de 2020 las cárceles cerraron sus puertas para evitar la propagación del COVID-19 dentro de los establecimientos penitenciarios. No obstante, tanto en Sonsón como en La Ceja se han presentado brotes del coronavirus.
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Si bien el 100 % de los reclusos cuentan con el esquema completo de vacunación, las visitas presenciales no se han retomado. Solo en Sonsón, después de una huelga de hambre prolongada realizada por los presos, pudieron tener visitas conyugales.
Hoy pueden acceder a las citas conyugales. Estamos planeando las visitas generales como las hacen en Estados Unidos: un vidrio separa a las personas
contó Jhon Enrique Ríos, personero de Sonsón.
Para acceder a los encuentros, los visitantes deben estar inmunizados contra el COVID-19 y los reclusos, después de la visita, deben guardar 14 días de aislamiento. En cambio, en La Ceja las conversaciones familiares están mediadas por videollamadas y en Sonsón, los que no acceden a la cita conyugal, lo hacen por medio de llamadas telefónicas.
Sostener a los sindicados
Desde el año pasado el INPEC acordó recibir exclusivamente a personas condenadas, no a alguien que tenga detención preventiva, por el riesgo de contagio y el hacinamiento carcelario. Con el respaldo del Gobierno Nacional, el Instituto le puso candado al acceso de los sindicados.
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Por consecuencia, los municipios están en la obligación de sostener a todas las personas sindicadas que enfrentan una investigación y que, por decisión de un juez de la República, deben estar privados de la libertad. Hoy no le cabe una persona más a las estaciones y subestaciones de la Policía Nacional en el Oriente.
La política carcelaria está colapsada. Las personas bajo la calidad de sindicados sí tienen una vulneración de los derechos humanos
agregó Jhon Enrique Ríos, personero de Sonsón.
En repetidas ocasiones los alcaldes de la subregión han alertado a la Gobernación de Antioquia sobre la situación, pero el escenario se repite en todo el departamento.
Es una situación insostenible para los municipios. Sostener a los sindicados es absolutamente costoso. Pedimos auxilio
alertó Edwin Montes, alcalde de Sonsón.
Para enfrentar la situación, los mandatarios sugieren que el INPEC vuelva a abrir las puertas, pero las sedes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no tienen un cupo más.
