Este miércoles 17 de diciembre finaliza la última de las seis jornadas de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizadas del 3 al 6 de diciembre en Granada y del 14 al 17 en Medellín, y donde 40 antiguos integrantes del Ejército y 2 civiles fueron llamados a reconocer su responsabilidad por el asesinato de más de 589 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2007, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Brigada IV. La mayoría de las víctimas eran del Oriente de Antioquia: 147 casos entre 2002 y 2003 y 182 entre 2004 y 2007.
Producto de estas audiencias, la JEP determinó que entre el 2002 y el 2007 se instauró la política de facto del “conteo de cuerpos” en Antioquia, conforme a la cual las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar, lo cual propició la comisión de la práctica criminal de falsas bajas en combate para que los soldados pudieran conseguir permisos o no fueran acosados por los altos mandos.
Por otro lado, producto de las declaraciones de dos comparecientes exmilitares en Granada, que hicieron parte de “falsos positivos” y que mencionaron el nombre del general Juan Miguel Huertas como uno de los mandos que al parecer ordenaban el asesinato de civiles, este alto mando volverá a ser llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz para que rinda versión voluntaria ante los señalamientos que lo incriminan. Huertas hace parte del escándalo por supuestos nexos entre el Gobierno nacional y las disidencias de Calarcá.
“En la audiencia de Granada hubo dos hombres bajo su mando que refirieron que él conocía e incluso habría dado algunas instrucciones respecto de estas ejecuciones extrajudiciales, y entonces lo que procede es convocarlo nuevamente. La sala lo tendrá que convocar, (…) estamos evaluando cuándo será convocado nuevamente el general Huertas”, declaró en rueda de prensa Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y relatora del caso 03, Antioquia.
El general Huertas ya había sido vinculado a un caso de “falsos positivos” en Antioquia, en 2023, pero la JEP no lo vinculó como máximo responsable porque la evidencia no era “muy concluyente”.
El actual brigadier general y jefe del Comando de Personal del Ejército (en suspensión por la Procuraduría), por ese entonces capitán, al parecer, hasta habría ofrecido entregar armamento para la ejecución de esos crímenes que cometió el Estado, siendo Antioquia el departamento más afectado, con el 25 % de los casos de los 6402 evidenciados.
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Procesos vigentes
Hay que recordar que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente hasta por tres meses al brigadier general Huertas, y al director estratégico de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, por sus presuntos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.
Además, la Fiscalía General de la Nación ordenó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia indagar la conducta del brigadier general del Ejército por las situaciones mencionadas.
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