El mayor general de la Policía, Carlos Fernando Triana Beltrán, y la fiscal general Luz Adriana Camargo anunciaron en la ciudad de Medellín que el Estado ofrece hasta 300 millones de pesos por información que permita la captura de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, quien sería el principal dinamizador y planificador del ataque contra el senador Miguel Uribe. El hecho, según la fiscal, es investigado como crimen político por lo que estaba haciendo el senador cuando fue atacado, pero esa es apenas una de las hipótesis que se manejan del caso.
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Las autoridades señalaron que una de las líneas investigativas más importantes de este caso es la denominada como la Pista Caquetá, la cual establece una presunta relación entre estructuras criminales como el ELN o las disidencias de las FARC y el atentado contra el precandidato, con base en lo expuesto por Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, posterior a que fuera capturada.
La mujer indicó que alias Costeño fue quien le dijo que, posterior al atentado, viajara a Florencia para, allí, unirse a las filas de un grupo subversivo y así escapar de las autoridades. En Florencia, precisamente, fue capturada. Luz Adriana Camargo, fiscal general, expresó que el centro de las investigaciones es establecer qué tipo de relación existe entre el prófugo alias Chipi y los grupos subversivos del sur occidente del país.
“Lo que nosotros estamos verificando es qué nexos tiene esa disidencia frente a estos hechos. Esa es nuestra pista actual y ese es el trabajo que estamos realizando junto con la Policía, claramente. Lo que sabemos de esta persona (alias Costeño) es que esta persona tendría algún vínculo también, entonces exactamente eso va generando un panorama de evidencias que nos permite trabajar sobre esa hipótesis”.
El perfil criminal de alias Costeño o Chipi
Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, según la Policía, tiene más de 20 años de trayectoria criminal en delincuencia común organizada, específicamente, en la ciudad de Bogotá. Hasta el momento, no ha sido vinculado a disidencias o a grupos armados organizados.
Por último, han pasado 17 días desde el atentado, tiempo en el cual cerca de 180 investigadores han buscado esclarecer los autores materiales e intelectuales de los hechos, labor que, según la fiscal Camargo, se compara a investigaciones que tardan al menos dos meses, y que ha dejado como resultado cuatro personas capturadas, entre ellas el menor de edad que presuntamente disparó contra Miguel Uribe.
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