En Colombia, Coljuegos es la autoridad encargada de regular la operación de los juegos de suerte y azar. Según la Constitución, el Estado tiene el monopolio rentístico de estos juegos, y los dineros van exclusivamente para la salud.
Leer también: Tragedia familiar: joven de 19 años asesinó a su tío porque le ganó en un videojuego
Por eso, y argumentando una posible evasión de impuestos y la organización de rifas sin autorización, Coljuegos le pidió a Meta que cierre las redes sociales de varios influenciadores.
Entre los investigados, que son más de 450, se destacan Epa Colombia, Yeferson Cossio, La Liendra, Karina García, Marcela Reyes, entre otros.
La carta de Coljuegos va dirigida al propio Mark Zuckerberg, presidente de Meta.
En el texto se lee que: “Solicitamos su colaboración para que se bloquee el acceso a los perfiles de redes sociales que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que realizado el perfilamiento por la empresa kiggu (Ciberseguridad para todos), se evidenció publicidad de casas de apuestas no autorizadas a través de perfiles de redes sociales”.
Según Coljuegos, cada año se dejan de percibir cerca de $70 000 millones para la salud de los colombianos a causa de las rifas ilegales.
Ingresa al canal de WhatsApp de MiOriente https://whatsapp.com/channel/0029Va4l2zo3LdQdBDabHR05
-
San Luis celebrará la versión 33.° de sus tradicionales Fiestas de la Madera con variada programación
Durante cuatro días, San Luis ofrecerá actividades culturales, deportivas, concursos tradicionales, muestras agropecuarias, presentaciones artísticas y exhibiciones.
-
Asesinaron a un sargento del Ejército en medio de combates contra el Clan del Golfo en Ituango
Las tropas habrían herido a integrantes de la estructura criminal, situación que está siendo verificada a través de labores de inteligencia militar.
-
“Son muy similares a los que utiliza el ELN”: alcalde de Medellín sobre explosivos utilizados en La Asomadera
El fallo en las labores de inteligencia para prevenir el atentado, según el alcalde de Medellín, es culpa del desfinanciamiento de la fuerza pública.
