En Caucasia, Antioquia, la administración municipal enfrenta cuestionamientos tras el embargo preventivo del Palacio Municipal por parte de Corantioquia, medida tomada como garantía de un acuerdo de pago firmado para saldar una deuda que el municipio acumuló entre 2015 y 2023.
El acuerdo, establecido en julio de este año, compromete a la Alcaldía a realizar pagos mensuales durante 84 meses. Para asegurar el cumplimiento, la administración ofreció como garantía el edificio del Palacio Municipal. Corantioquia aseguró que esta medida no afecta el funcionamiento del inmueble y que será levantada una vez se haya pagado la totalidad del compromiso financiero.
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No obstante, la decisión ha generado debate local. La concejal Surany Arboleda criticó la priorización de recursos de la Alcaldía, cuestionando por qué se destinan montos significativos a la organización de eventos festivos mientras se tienen compromisos financieros pendientes. En sus palabras:
«Deberían destinar parte del presupuesto de actividades como las fiestas municipales a reducir la deuda en lugar de comprometer bienes públicos como garantía.»
Por su parte, Corantioquia reiteró que el municipio ha cumplido con los pagos hasta el momento y que no se trata de una intervención del inmueble, sino de una acción preventiva para garantizar el acuerdo.
El caso ha abierto una discusión en Caucasia sobre las decisiones presupuestales de la administración municipal y su impacto en las finanzas públicas.
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