En un reciente auto emitido bajo el número 910-004218, la Superintendencia de Sociedades ha determinado que el plan de desmonte presentado por la Sociedad Ganadera El Paraíso, implicada en un escándalo de captación masiva y no devolución de recursos que superan los 100.000 millones de pesos, no ha sido presentado en debida forma para su aprobación.
Esta decisión impide que el plan sea estudiado por la entidad y plantea un problema en cuanto a su legalidad.
El auto también destaca que el plan de desmonte debe garantizar que todos los acreedores tengan los mismos derechos, lo cual no se está cumpliendo en la situación actual.
Víctor Muñoz, abogado de las víctimas, explica que “desde nuestra perspectiva, este auto refuerza la idea de que los intervenidos no están cumpliendo con la ley y subraya la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones en la devolución para todos los afectados”.
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En cuanto a los antecedentes, se observa que, aunque se han presentado diversas solicitudes y comunicaciones relacionadas con el plan de desmonte, este no ha sido presentado adecuadamente para su aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades. Por lo tanto, el despacho no puede pronunciarse al respecto hasta que el plan sea presentado correctamente.
En este contexto, se hizo un llamado a los intervenidos para que presenten el plan de desmonte de manera adecuada, garantizando la igualdad de derechos para todos los afectados. Mientras tanto, se invita a los interesados a consultar el expediente para obtener información sobre el proceso en curso.
En contexto
La Sociedad Ganadera El Paraíso, objeto de acusaciones por captación masiva y habitual y no devolución de recursos al público, ha presentado un plan de desmonte que ha generado controversia entre abogados y víctimas del presunto fraude.
El abogado Víctor Muñoz, representante de las víctimas, ha expresado su preocupación sobre la propuesta, afirmando que más que un plan de desmonte parece ser un plan de negocios, ya que omite abordar las razones detrás de la intervención de las personas y entidades afectadas.
Muñoz enfatizó que es esencial que los responsables aclaren cómo pretenden subsanar las conductas delictivas que motivaron la intervención inicial, según lo establecido en las resoluciones 900-009121 y 910-010632, las cuales declararon ilegal la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público.
Además, señaló la falta de claridad en varios aspectos del plan, como la valoración de acciones, la garantía de las mismas, y la omisión de riesgos legales y financieros.
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Por su parte, la Sociedad Ganadera El Paraíso ha defendido su propuesta, denominada “Plan de Desmonte Voluntario”, como un mecanismo para cumplir con las obligaciones pendientes. Según Lina María Serna Aristizábal y Carlos Alberto Montoya Bustamante, representantes de la sociedad, el plan busca una devolución ordenada de las acreencias, asegurando el valor comercial de los bienes involucrados.
El plan contempla la entrega de cabezas de ganado, valoradas en $3.313.919 cada una, para satisfacer las obligaciones pendientes. Además, se menciona la posibilidad de incorporar inversionistas interesados en adquirir partes específicas del negocio, con el fin de generar recursos adicionales para el cumplimiento del plan.
Sin embargo, tanto abogados como víctimas han expresado dudas sobre la viabilidad y transparencia del plan propuesto. Se cuestiona la falta de garantías claras para los acreedores, así como la ausencia de medidas para abordar riesgos legales y financieros pendientes.
Ante esta situación, se espera una respuesta por parte de la Sociedad Ganadera El Paraíso para aclarar las objeciones planteadas y permitir una evaluación adecuada del plan de desmonte. Mientras tanto, el caso sigue siendo objeto de atención por parte de las autoridades pertinentes.
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