Foto: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El Gobierno nacional ha generado controversia al anunciar que firmará un decreto que permitirá a los campesinos establecer Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en terrenos previamente prohibidos debido a su estatus de áreas protegidas contra la deforestación. Esta medida es parte de un acuerdo alcanzado con agricultores que protestaron ocupando la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá.
El nuevo decreto, que moderniza la regulación de las ZRC establecidas desde 1994, permitirá que los campesinos puedan cultivar en zonas anteriormente vedadas para preservar los recursos naturales. A pesar de que el gobierno asegura que esta medida busca equilibrar la conservación ambiental con los derechos de los campesinos, ha suscitado una ola de críticas entre ambientalistas y expertos.
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Según el Ministerio de Agricultura, el decreto incluye la creación de estudios y mecanismos para la implementación de las ZRC, que abarcan actualmente alrededor de 440,000 hectáreas en 14 áreas reconocidas. El nuevo paso contempla la inclusión de 28 solicitudes de campesinos, de las cuales nueve se encuentran en zonas de reserva forestal.
Eliécer Morales, vocero de la Agenda Nacional Campesina, defiende la medida en una entrevista con el medio El Colombiano, argumentando que los campesinos son fundamentales para la conservación del medio ambiente y que la prohibición histórica no ha tenido en cuenta los contextos actuales de desplazamiento y arraigo forzado por el conflicto armado.
No obstante, la exministra de Agricultura, Cecilia López, ha criticado la rapidez con la que se está llevando a cabo la implementación del decreto, advirtiendo sobre el riesgo de una «expropiación exprés» que podría generar conflictos futuros y poner en peligro el equilibrio entre la agricultura y la protección ambiental.
El gobierno, por su parte, destaca logros como una reducción del 36% en la deforestación y espera que el reconocimiento de las ZRC continúe promoviendo una gestión equitativa y sostenible de la tierra. La nueva ministra de Ambiente, Martha Carvajalino, será clave en la supervisión de estos esfuerzos y en la corrección de los problemas identificados en la entrega de tierras.
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