La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha remitido el caso del general retirado Mario Montoya Uribe a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), debido a su negativa de reconocer responsabilidad en al menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas, presentados como bajas en combate durante su comandancia en la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2002 y 2003.

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    • La UIA, que actúa como la fiscalía dentro de la JEP, evaluará si presenta cargos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz. En caso de ser hallado culpable, Montoya podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

    Según las investigaciones, Montoya es señalado de implementar una política de facto en la IV Brigada que privilegiaba las “muertes en combate” como único indicador de éxito militar. Esta práctica, conocida como “conteo de cuerpos”, generó un ambiente de presión en la brigada que expuso a la población civil a graves riesgos y resultó en la consolidación de un patrón macrocriminal.

    Debido a su decisión de no reconocer responsabilidad por su contribución dolosa al surgimiento y consolidación del patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, la Sala ordenó remitir el proceso del alto oficial a la Unidad de Investigación y Acusación.

    La JEP documentó tres modalidades de actuación en los crímenes imputados a Montoya y su brigada:

    1. La sustracción forzada de personas señaladas sin pruebas como guerrilleros.
    2. El engaño a personas vulnerables, trasladadas a lugares donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate.
    3. El asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

    Montoya, además, habría promovido esta política con un lenguaje violento, exigiendo “barriles de sangre” y rechazando resultados operacionales distintos a las bajas. Varios testigos reportaron que el general desacreditaba capturas, incautaciones y desmovilizaciones, exigiendo exclusivamente reportes de muertes.

    El caso, que hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 03 en la JEP, también incluye testimonios de 64 integrantes de la fuerza pública y múltiples informes de entidades estatales y organizaciones de derechos humanos. Entre las evidencias figura el encubrimiento del asesinato de cinco personas, incluidas dos niñas, en San Rafael, Antioquia, en 2002, quienes fueron presentadas falsamente como guerrilleros.

    Mientras que siete de los nueve imputados en este subcaso han reconocido su responsabilidad y avanzan hacia una audiencia pública de reconocimiento de verdad, Montoya y el coronel retirado Iván Darío Pineda Recuero enfrentan posibles juicios adversariales.

    La decisión de remitir el caso del general Montoya a la UIA subraya la gravedad de los crímenes imputados y la importancia del esclarecimiento de responsabilidades en el marco del conflicto armado colombiano.

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