Gobernador pide a la Fiscalía investigar asonada contra la fuerza pública en La Danta

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó sentirse alarmado ante la crítica situación de orden público que se vivió desde la tarde hasta altas horas de la noche del sábado 11 de octubre en la vereda El Porvenir de Sonsón, en el corregimiento La Danta, donde una asonada frustró el accionar de la fuerza pública contra presuntos miembros del Clan del Golfo.

En el lugar se desplegaron soldados y fuerzas especiales, en un operativo que al parecer estuvo dirigido contra alias El H o Don Hugo, presuntamente uno de los principales jefes del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

En un principio, el operativo permitió capturar a tres personas y la neutralización de un hombre, los cuales pertenecerían a la subestructura Oliverio Isaza Gómez del grupo armado, pero en el tenso enfrentamiento con la comunidad, estos les fueron “arrebatados”, junto con el arsenal de guerra que tenían incautado.

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“Ante los confusos hechos que se presentaron, en las últimas horas, en la vereda El Porvenir en Sonsón durante un operativo del @COL_EJERCITO en contra del Clan del Golfo, pedimos respetuosamente a la @FiscaliaCol investigar”, dijo el gobernador Rendón.

El mandatario departamental recordó que en esa zona de Antioquia, hace unos meses, cuando fue abatido alias Terror, ya se había evidenciado una preocupante solidaridad de la población con los criminales.

“Alarma que algunas personas de la población salieron a apoyar a los bandidos y a atacar a los soldados, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando fue dado de baja alias Terror, temido integrante del Clan del Golfo. Esta es una clara muestra de cómo, en algunas zonas del país, no es el Estado quien ostenta la legitimidad; es el crimen que ha crecido a sus anchas, y son las rentas criminales las que producen esa ‘cercanía’ engañosa con la gente”, afirmó.

Apenas en las últimas horas se reportó el ingreso de helicópteros para evacuar a las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de la zona.

La institucionalidad reportó que cuatro vehículos oficiales fueron incinerados, tres carros y una moto, “violando el derecho a la libre movilidad de nuestras tropas, y obstruyendo la función pública”, dijo la Séptima División en un mensaje en su cuenta de X.

Finalmente, el gobernador dijo que el Ministerio de Defensa “tiene que poner todas sus capacidades para proteger a los uniformados que participan en estos operativos; su integridad, honra y también de los bienes que disponen para su trabajo. Lo que falta es decisión política para actuar y hacer cumplir la ley y la Constitución: ni legitimar, ni permitir asonadas o ataques contra nuestros soldados y policías”.