Siete exmiembros del Secretariado de las extintas Farc-EP, imputados en 2021 por implementar la política de secuestro a nivel nacional, recibirán este año una sanción por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Mientras avanza el juicio, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa casos excepcionales en los que los excombatientes habrían cumplido con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La resolución de estos casos es clave para cerrar los procesos judiciales conforme a estándares internacionales.
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Los exintegrantes del Secretariado responden por más de 21 000 secuestros en el país. Sin embargo, dentro del proceso judicial, algunos de estos hechos podrían ser objeto de amnistía cuando no configuren el crimen de guerra de “toma de rehenes”.
Según el DIH, el secuestro puede ser amnistiable en circunstancias específicas, como cuando la liberación del cautivo no estuvo condicionada. No obstante, si en estos mismos hechos se cometieron delitos como tortura, tratos crueles, violencia sexual, homicidio o desplazamiento forzado, los responsables serán sancionados.
En una reciente decisión, la Sala de Reconocimiento precisó los casos en los que las antiguas Farc-EP cumplieron el DIH, con el fin de dejar constancia legal y definir la situación jurídica de los firmantes del Acuerdo de Paz.
Aunque algunos exmiembros del Secretariado podrían recibir amnistías en casos específicos, las sanciones por la implementación de la política de secuestro a nivel nacional se mantendrán y serán aplicadas este mismo año.
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