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Los representantes de las curules de paz presentaron un proyecto de ley con el que pretenden crear un nuevo ministerio, despacho que se convertiría en la cartera número 20 de Colombia. Un grupo de 13 congresistas radicó un articulado que pretende convertir la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas en un Ministerio para la Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado.
El objetivo principal del nuevo ministerio será coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado y formular la política pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.
La estructura del Ministerio contará con seis direcciones y nueve subdirecciones, además de las direcciones territoriales desplegadas en el país, aunque no se especifica la cantidad en el articulado. El Ministerio mantendría el mismo presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, cercano al billón de pesos.
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El nuevo Ministerio seguiría cumpliendo las funciones actuales de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, incluyendo el trámite y representación de acciones constitucionales, procesos judiciales, contencioso-administrativo, ordinarios, ejecutivos y administrativos. La sede principal estaría ubicada en Bogotá, integrando el sector administrativo de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Incluiría la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El proyecto de ley fue presentado por los representantes John Jairo González Agudelo, John Fredi Valencia Caicedo, Gerson Montaño Arizala, Willian Ferney Aljure, Juan Pablo Salazar Rivera, Orlando Castillo Advíncula, Haiver Rincón Gutiérrez, John Fredy Núñez Ramos, Karen Manrique Olarte, James Mosquera Torres, Juan Carlos Vargas Soler, Karen Juliana López Salazar y Diógenes Quintero Amaya.
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Los promotores del proyecto argumentan que la Ley 1448 de 2011 creó una gran institucionalidad para la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, consideran que la actual Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas no tiene la capacidad política necesaria para una adecuada articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto y para obtener los recursos financieros que demanda la política de atención y reparación.
