Este lunes 16 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para determinar si las pruebas recopiladas hasta ahora en la investigación preliminar son suficientes para formular cargos contra el presidente Gustavo Petro, en relación con la presunta violación de los límites de financiamiento de su campaña presidencial de 2022.
Si la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz obtiene el apoyo necesario, se abrirá una investigación formal, lo que conllevaría que Petro y otros implicados tendrían que enfrentar un proceso que podría derivar en serias consecuencias políticas y legales.
De aprobarse la investigación formal, se iniciaría una fase probatoria de 60 días, en la que se convocaría a los principales actores de la campaña, incluyendo a Gustavo Petro. En esta etapa, el presidente tendría que presentar pruebas que desacrediten las acusaciones en su contra. Además, otros miembros de su equipo de campaña, como Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de su campaña en 2022, también podrían ser llamados a testificar.
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Después de esta etapa probatoria, se llevaría a cabo un periodo de alegatos de conclusión, en el que la defensa de Petro argumentaría por qué el tribunal debería desestimar las acusaciones. Si el CNE, tras analizar los alegatos, decide que se violaron los topes de financiación, se remitirían las pruebas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
De encontrarse a Gustavo Petro culpable de violar los límites de financiación, la Comisión de Acusación podría iniciar un proceso en su contra, lo que podría llevar al Congreso a declararlo indigno para continuar en el cargo, conforme al artículo 119 de la Constitución Política de Colombia. Esto abriría la posibilidad de un juicio político, con el riesgo de una eventual destitución.
Además, las sanciones no se limitarían solo a Petro. El partido que respaldó su candidatura, Colombia Humana, podría enfrentar multas y otras sanciones administrativas, incluyendo la pérdida de su personería jurídica, lo que afectaría su estatus y funcionamiento como partido político. Ricardo Roa, como uno de los responsables de la campaña, también enfrentaría un proceso judicial si se determina que fue partícipe en las presuntas irregularidades.
Para que la investigación avance, se necesitan al menos seis votos favorables en la Sala Plena del CNE, compuesta por ocho magistrados. Se prevé que los magistrados César Lorduy, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada voten a favor de abrir el proceso formal. A ellos podría unirse Cristian Quiroz, lo que permitiría alcanzar el número necesario de votos.
Por otro lado, las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, consideradas cercanas al presidente Petro, probablemente votarían en contra de la formulación de cargos. La decisión del CNE es fundamental, ya que determinará el curso de las investigaciones y el futuro político del presidente.
El resultado de esta decisión tiene el potencial de generar un impacto considerable en el panorama político del país. Si bien el proceso está lejos de una conclusión definitiva, la posibilidad de cargos formales contra un presidente en ejercicio plantea una situación sin precedentes en la historia reciente de Colombia, con posibles repercusiones en la gobernabilidad y estabilidad política del país.
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