La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre serias inconsistencias en el programa Mi Casa Ya, el cual busca otorgar subsidios de Vivienda de Interés Social (VIS) a cerca de 50 mil familias durante 2024. Según el ente de control, solo se cuenta con presupuesto aprobado para cubrir las necesidades de 33 mil de estos subsidios, dejando en el limbo a 17 mil hogares que esperaban recibir este apoyo.
En las investigaciones realizadas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró que los recursos disponibles solo alcanzan para cubrir las coberturas a la tasa de interés de los créditos hipotecarios de 33 mil familias, mientras que el resto queda sin el alivio necesario para cumplir con el pago de sus cuotas.
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Esta situación genera una gran incertidumbre para los 17 mil hogares restantes, que podrían verse obligados a desistir de sus aspiraciones de vivienda ante el temor de no poder cumplir con sus obligaciones financieras.
Ante esta crítica situación, la Procuraduría ha instado a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, a tomar medidas inmediatas para garantizar los recursos necesarios y evitar que las familias interesadas en el programa renuncien a sus subsidios.
El ente de control también recomendó replantear las estrategias del programa para asegurar la consecución de los fondos faltantes y cumplir con los compromisos asumidos con los beneficiarios.
La Procuraduría subrayó la importancia de corregir estas inconsistencias para evitar que miles de familias queden desprotegidas y se vean forzadas a abandonar su sueño de tener una vivienda propia. La falta de recursos suficientes pone en riesgo no solo la estabilidad financiera de estos hogares, sino también el cumplimiento de las metas del Gobierno en materia de vivienda social para este año.
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