El Ministerio del Interior deberá aclarar los fundamentos jurídicos y administrativos de un convenio interadministrativo con RTVC, valorado en cerca de $89 000 millones, para ejecutar actividades logísticas y de eventos. Así lo pidió la Procuraduría General de la Nación mediante un requerimiento enviado este 19 de mayo al titular de esa cartera, Armando Benedetti.
El contrato, que aún no estaría firmado —según declaraciones del propio ministro—, ha generado controversia tras ser revelado por el concejal bogotano Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien cuestionó su pertinencia y alertó sobre un posible uso indebido de recursos públicos, insinuando incluso un posible vínculo con una eventual consulta popular.
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A través de su cuenta en la red social X, Benedetti respondió a la polémica afirmando: “No se ha firmado aún el contrato con RTVC y ya tengo denuncias por un imberbe concejal y requerimientos de la Procuraduría. ¿Qué es esta locura?”. Además, calificó la situación como una “persecución”.
Petición de información urgente a Armando Benedetti
La Procuraduría, en uso de sus funciones de control preventivo, pidió al ministro que remita en un plazo de tres días documentos y justificaciones relacionadas con el convenio, en especial sobre cinco puntos: la existencia del contrato, su objeto, el monto, el periodo de ejecución y los criterios usados para seleccionar a RTVC como operador logístico.
Entre los cuestionamientos también figura la necesidad de conocer si hubo una evaluación previa sobre la capacidad operativa y técnica del sistema de medios públicos para asumir responsabilidades ajenas a su ámbito tradicional, como logística de eventos, transporte y alimentación.
¿En qué consiste el convenio?
Según la información divulgada por Briceño a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), RTVC sería encargado de múltiples actividades: planificación de encuentros, alquiler de espacios, catering, transporte, servicios audiovisuales, organización de ferias y producción de contenidos, entre otros.
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El contrato funcionaría como una “bolsa agotable”, es decir, los recursos se irían utilizando progresivamente según las necesidades que surjan desde el Ministerio.
Contexto político y críticas
El debate en torno a este contrato se ha intensificado en medio del clima político previo a una eventual convocatoria a consulta popular, promovida por el Gobierno nacional. Para el concejal Briceño, el acuerdo representa un riesgo de desvío de fondos públicos hacia actividades de propaganda y proselitismo.
El gerente de RTVC, Hollman Morris, también ha sido mencionado en las críticas debido a su cercanía con el presidente Gustavo Petro. Aunque no hay evidencia de que los fondos se hayan ejecutado con fines políticos, el monto del contrato ha provocado cuestionamientos desde distintos sectores.
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