Foto tomada de El Norte Hoy.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) confirmó la realización de un paro nacional indefinido a partir del 16 de junio de 2025. La decisión responde, según el gremio, al incumplimiento de los acuerdos firmados en 2024 y al deterioro de la seguridad en las principales vías del país.
El cese de actividades afectará especialmente al sur de Colombia. Transportadores de Nariño, Cauca y otros departamentos detendrán sus operaciones en rutas estratégicas como la vía Panamericana, Pasto-Tumaco, Pasto-La Unión, La Unión-Mojarras, Pasto-Popayán y Popayán-Cali. De momento, no se conoce si en Antioquia alguna de las asociaciones de transportadores de carga tiene la intención de unirse.
Los camioneros denuncian el pésimo estado de estos corredores y la ausencia de garantías mínimas para su labor, mientras los peajes continúan cobrando sin que, según ellos, se evidencien mejoras en las carreteras.
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Alfonso Medrano, presidente de la ACC, afirmó que los transportadores enfrentan un abandono total por parte del Estado. Señaló que la presencia de grupos armados ilegales ha convertido estos trayectos en zonas de alto riesgo, con casos de asesinatos, saqueos y extorsiones a los conductores. El gremio exige una respuesta inmediata del Gobierno para evitar el colapso del transporte de carga. “Esta es una lucha por la dignidad del sector. Si el Gobierno no escucha, el país se detiene”, expresó Medrano.
Entre las principales exigencias del gremio están la intervención urgente en los corredores viales, el aumento de la presencia de la fuerza pública en las rutas afectadas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el paro de 2024. Reclaman, además, el retiro de la intención de reabrir la frontera al transporte internacional, al considerar que esta medida perjudicaría a los transportadores locales.
El anuncio del paro ha generado preocupación en distintos sectores económicos. Se advierte sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos, especialmente en las regiones que dependen del transporte terrestre. Analistas prevén incrementos en los precios y afectaciones a las cadenas de suministro.
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Organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo han solicitado al Gobierno la instalación de una mesa de diálogo antes del inicio de la protesta, para evitar un impacto mayor en la economía nacional. Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.
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