En el marco del octavo aniversario del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las extintas FARC, el país enfrenta el desafío de consolidar lo pactado, en medio de persistentes tensiones y violencia. Desde 2016, más de 432 firmantes del acuerdo han sido asesinados, lo que refleja las dificultades para garantizar la seguridad de los excombatientes y la población civil.
El acuerdo, que buscaba terminar con más de cinco décadas de conflicto armado, dejó un vacío de poder en zonas históricamente controladas por las FARC. Este vacío fue ocupado rápidamente por otros grupos armados ilegales, impulsados por actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado nuevos procesos de diálogo con disidencias y el ELN, aunque enfrenta críticas por la lenta implementación de aspectos claves del acuerdo original, como la entrega de tierras a campesinos. Hasta la fecha, solo se han entregado 300 000 hectáreas, lejos de los tres millones proyectados.
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Para Rodrigo Londoño, último líder de las FARC y actual presidente del partido Comunes, el cumplimiento de los acuerdos es fundamental para el éxito de nuevos procesos de paz: “Si no se implementa este acuerdo, no habrá oportunidad para acordar otros”.
A nivel internacional, la ONU destacó el acuerdo como un hito en la solución de conflictos y reafirmó su compromiso con el proceso de paz en Colombia. Sin embargo, dentro del país, el desplazamiento forzado persiste, con más de 1,5 millones de personas afectadas desde 2016, según el Consejo Noruego para Refugiados.
El presidente Petro ha anunciado un proyecto de ley para extender la vigencia del acuerdo hasta 2038, con el objetivo de acelerar su implementación y alcanzar los objetivos trazados, incluyendo la justicia para todas las partes del conflicto. La propuesta incluye la creación de un tribunal único para juzgar a todos los actores implicados, incluyendo civiles y políticos.
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