El derecho fundamental a la salud de 102.000 afiliados a la EPS Sanitas se vería afectado por la suspensión en suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio por parte de Cruz Verde.
La Defensoría del Pueblo insta a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental.
El llamado surge por la decisión adoptada por Cruz Verde de no continuar con el suministro de medicamentos ni otros productos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
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Al Gobierno nacional, la Defensoría le solicita verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
La suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre por el operador farmacéutico, debido a que Sanitas le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago.
El Gobierno nacional está al día con Sanitas
La financiación de las tecnologías no PBS está a cargo del Estado, en este contexto, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, dijo que:
La EPS Sanitas es la encargada de pagarle a Cruz Verde para la dispensación de medicamentos. A Sanitas, a hoy el Estado no le debe plata: se les han girado $7,8 billones de pesos este año. ¿Qué hicieron con la plata que no le pagan a sus proveedores?
EPS Sanitas ya venía colgada con la entrega de medicamentos
La Superintendencia Nacional de Salud envió a la EPS Sanitas un requerimiento para que dé solución a 837 reclamos de sus afiliados relacionados con la no entrega de medicamentos.
La entidad solicitó que “despliegue de inmediato las acciones necesarias para superar la situación manifestada por cada uno de los peticionarios, en atención a la existencia de un peligro inminente para la vida e integridad física de los usuarios”.
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La Supersalud indicó que la EPS “deberá dar respuesta de fondo al usuario y a este ente de control”.
En un primer requerimiento, la Supersalud le pide a la EPS que informe los mecanismos diseñados para garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos a sus afiliados.
De igual forma, le solicita que precise las estrategias diseñadas con sus gestores farmacéuticos para identificar y prevenir entregas ficticias, entendidas como el reporte de entrega de un medicamento sin la correspondiente recepción por el usuario.
En un tercer requerimiento le pide indicar la fecha y hora de entrega de medicamentos de los usuarios que figuran como sin solución de fondo frente a quejas por ese tema.
Finalmente, la Supersalud le pide que indique si la EPS cuenta con convenios o contratos adicionales con el fin de asegurar la oportuna entrega de medicamentos a sus usuarios.
La Superintendencia Nacional de Salud ha recibido desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 30 de octubre de 2023 un total de 30.236 reclamos contra la EPS Sanitas por la no entrega de medicamentos.
El estudio indica que, para ese momento, la EPS Sanitas tenía 4.322 medicamentos reportados como pendientes y el número de usuarios afectados por esta situación era de 277.158 afiliados.
