Luego de conocerse que tal y como lo ordenó el Gobierno nacional a través del decreto 1276 del 31 de julio de 2023, a partir de este mes de agosto la tarifa de energía aumentará para algunos sectores, con el fin de financiar el llamado “aporte social para La Guajira”, la Liga de Usuarios y Servicios Públicos rechazó la decisión.
Esta medida, que regirá durante seis meses, establece el cobro mensual obligatorio de $1.000 pesos en la factura para los estratos 4, 5 y 6, y para usuarios comerciales e industriales, el aumento de $5.000 pesos por factura.
Para la Liga de Servicios Públicos, esta situación es todo lo contrario a lo que viene pidiendo el país, puesto que vienen reclamando es una disminución significativa en la tarifa de energía.
Actualidad: Petro cumplió una de sus promesas: reabrirá los mataderos municipales
“Lo que viene pidiendo todo el país es rebaja significativa de tarifas. Cuando decimos que todo el país, no solo decimos que son los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, sino los usuarios de estratos 4, 5, y 6, quienes también están soportando una tasa tarifaria muy alta; asimismo, el sector comercial e industrial, quienes también han visto reducida su competitividad por el pago de las altas tarifas de energía. Hemos hecho el llamado al Gobierno nacional casi desde octubre del año anterior para exigirle rebajas significativas en las tarifas para todos los usuarios; esta vez, aunque noble sea la causa, no es el método por el cual se pueden atender las necesidades del departamento de La Guajira”, expresó el presidente de la Liga Nacional de Usuarios y Servicios, Javier Gaviria.
Además, añadió que la preocupación también se suscita debido a que el país está próximo a enfrentar el fenómeno de El Niño, lo que implicaría que haya, igualmente, un aumento del costo tarifario y una disminución obligatoria de los usuarios en el uso de la energía a raíz de este evento climático.
Cabe reiterar que la medida regirá durante seis meses y, en caso de prolongarse, esto deberá ser aprobado por el Congreso de la República. Según este decreto, el no pago del aporte tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio de energía eléctrica.
