En el corregimiento de Potrerito, en zona rural del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), se vio abruptamente alterada por un hecho que ha generado conmoción en la comunidad: el secuestro de un niño de 11 años ocurrido en su propia vivienda.
Las autoridades han activado un operativo especial para dar con su paradero y ofrecieron hasta 200 millones de pesos como recompensa a quien brinde información certera sobre su ubicación.
Según las primeras versiones, el menor habría sido llevado a la fuerza por desconocidos hacia una zona montañosa del municipio, de acuerdo con información entregada por el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
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El caso fue asumido de inmediato por el Gaula Élite de la Policía Nacional, que se desplazó al lugar para coordinar las labores de búsqueda y brindar acompañamiento a la familia.
“De acuerdo con la información preliminar, al menor lo llevan hacia la parte alta del municipio de Jamundí”, explicó el general Oviedo, quien además indicó que una de las hipótesis que se maneja apunta a una posible acción extorsiva, dado que el niño sería hijo de un comerciante de la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna exigencia económica por parte de los captores.
En ese contexto, una de las líneas de investigación señala como posibles responsables a integrantes de la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc que opera en esa región del sur del Valle del Cauca. Las autoridades no descartan su implicación, ya que tienen presencia activa en el sector donde se produjo el hecho.
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El secuestro ha generado reacciones de rechazo desde distintos sectores. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su indignación a través de sus redes sociales, haciendo énfasis en la gravedad del hecho y en la necesidad de proteger a la niñez frente a la violencia.
“Como gobernadora, madre y mujer, repudio con mucho dolor el cobarde secuestro de un niño de 11 años en Jamundí. Los niños son sagrados, son intocables, deben estar estudiando, jugando, aprendiendo y no ser parte de la violencia que lamentablemente estamos viviendo. Esta es una violación intolerable a los derechos humanos”, expresó la mandataria.
Toro también pidió la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja, así como el acompañamiento de la Iglesia Católica, en aras de facilitar un eventual canal humanitario para la liberación del menor. “A los que cometieron este execrable delito, les hago un llamado enérgico: ¡Los niños no se tocan! Les exigimos a los secuestradores la inmediata liberación”.
Por su parte, la secretaria de Seguridad de Jamundí, María Ascensión Arboleda, informó que, hasta ahora, la familia del niño no había reportado amenazas ni situaciones anómalas. “Desde el corazón de Jamundí rechazamos de manera enérgica y con profundo dolor el secuestro del niño. Este hecho atenta contra la vida, la dignidad y la esperanza de toda una comunidad”.
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La funcionaria explicó que el Gaula y la Fiscalía están trabajando de manera conjunta en la investigación. A pesar de que en otros sectores del municipio se han reportado incidentes relacionados con grupos armados, Arboleda insistió en que Potrerito se ha caracterizado por ser un corregimiento tranquilo, con vocación de veraneo y turismo rural. “Es un lugar donde se respira aire puro, con muchas fincas y condominios, y hasta ahora no habíamos tenido un caso de secuestro reportado en lo que va del año”.
Aunque se ha mencionado que el secuestro se habría producido en el hogar del menor, las autoridades han pedido mantener la reserva del sumario para no entorpecer el curso de la investigación. La prioridad, coinciden todos los actores involucrados, es salvaguardar la integridad del niño y garantizar su pronto regreso al seno de su familia.
Recompensa y llamado a la ciudadanía
La Gobernación del Valle del Cauca reiteró que está ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quienes puedan aportar información confiable que permita ubicar al menor. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda facilitar su rescate.
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Mientras se intensifica el despliegue operativo en la zona, la comunidad de Jamundí mantiene la esperanza de que el niño regrese sano y salvo.
El caso ha reavivado el debate sobre la situación de seguridad en zonas rurales del país y la presencia de actores armados ilegales que persisten, pese a los esfuerzos institucionales por recuperar el control territorial.
El país entero sigue atento al desarrollo de esta situación, en la que la vida y el bienestar de un niño están en juego.
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