Jaime Alonso Sánchez Cárdenas, funcionario de Migración Colombia, ha sido destituido e inhabilitado por 12 años y cinco meses tras ser captado en video agrediendo a Juan Ramón Camarillo, un pasajero, en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. La Procuraduría General de la Nación emitió esta decisión en un fallo de primera instancia, basándose en los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2022.
El incidente se produjo cuando Camarillo, tras llegar al país, solicitó información a Sánchez sobre problemas con la máquina de identificación biométrica utilizada para agilizar el proceso de entrada al país. En lugar de recibir la orientación solicitada, Camarillo fue agredido físicamente por Sánchez, quien le propinó una patada y un puñetazo. El altercado fue grabado por otra pasajera y rápidamente se viralizó en redes sociales.
La Procuraduría determinó que Sánchez utilizó su posición para agredir al pasajero, violando los principios de respeto y servicio de la función pública. Las agresiones causaron a Camarillo una incapacidad médica legal definitiva de cinco días. Durante la investigación, Sánchez fue suspendido provisionalmente por tres meses mientras se esclarecían los hechos.
Camarillo, ingeniero electricista, expresó su descontento con la situación y pidió celeridad en la justicia: “Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes”. En su cuenta de Twitter compartió también su experiencia, destacando las lesiones en su rostro y pierna izquierda causadas por la agresión.
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Por su parte, Sánchez, en una entrevista con Blu Radio, admitió haber agredido a Camarillo, aunque justificó su reacción como una respuesta a insultos recibidos. “Quiero pedir excusas, no era la actitud, no debió ser la forma de reaccionar. Lamentablemente le tiré una cachetada y una patada. Me provocó, pido excusas, incluso a este señor, pero en todo momento quien me insultó fue él”, declaró Sánchez. Sin embargo, la Procuraduría no consideró su arrepentimiento en la decisión final.
La Procuraduría afirmó que la conducta de Sánchez afectó los valores y principios de la función pública y la consecución de los fines del Estado. A pesar de sus disculpas, la destitución e inhabilitación por 12 años y cinco meses se mantiene, con la opción de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
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