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Eternit Colombiana S. A. condenada a indemnizar a víctimas del asbesto

  • El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dictado un fallo histórico en el que condena a Eternit Colombiana SA, empresa dedicada a la fabricación de materiales de construcción, a pagar una indemnización de 12 700 millones de pesos a las víctimas del asbesto, material utilizado en la producción de tejas.

    Esta decisión judicial surge tras la larga lucha de las víctimas y sus familias, quienes han trabajado incansablemente para prohibir el uso del asbesto y concienciar sobre los riesgos que representa para la salud. En el fallo se establece que la indemnización debe ser pagada al grupo afectado, y se expresa la satisfacción de los demandantes ante esta resolución que reconoce sus años de esfuerzo.

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    El tribunal también ordenó a Eternit emitir un comunicado público en el plazo de 20 días, en el que se disculpe por los perjuicios causados por el uso del amianto. Además, la empresa deberá publicar una circular interna que contemple la evidencia científica relacionada con los riesgos del asbesto en el desarrollo de productos y servicios.

    La Defensoría del Pueblo ha sido instruida para que informe a las víctimas que no fueron incluidas en la demanda sobre la decisión del tribunal, facilitando su acceso a la indemnización correspondiente. Se resalta que el monto debe ser transferido al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo.

    Desde el 1 de enero de 2021, Colombia prohibió la explotación y comercialización del asbesto, reconociendo su peligrosidad, incluida su vinculación con enfermedades terminales como el cáncer de pulmón. A pesar de la legislación, aún existen estructuras que contienen este material, lo que sigue representando un riesgo para la salud pública.

    Un caso emblemático se registró en Barichara, Santander, donde 300 estudiantes de un colegio presentaron problemas de salud por el uso de asbesto en los techos. Ante esta situación, la Corte Constitucional ordenó la sustitución de dichos techos y la mejora de las condiciones de salud en el entorno escolar.

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