(EFE). Al menos una escuela colombiana se vio en medio del fuego cruzado del conflicto armado cada 15 días entre enero y junio pasado, denunció este lunes la organización Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
La organización detalló que en los primeros seis meses del año, estudiantes, profesores y trabajadores escolares quedaron atrapados en el fuego cruzado de 12 enfrentamientos en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
“Las escuelas deben ser lugares para aprender, no para la violencia. Es inaceptable que los estudiantes se vean obligados a tumbarse en el suelo y arrastrarse para encontrar un lugar seguro donde salvar sus vidas”, expresó el director de país del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.
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En su opinión, “las niñas y niños no deberían sufrir lesiones ni traumas que afecten su capacidad de aprender” y “deben respetarse las reglas de la guerra y los civiles que se encuentran en las escuelas no deben verse atrapados en el fuego cruzado”.
Para la organización, las cifras son preocupantes y muestran una amenaza persistente para la educación, pues en todo 2024 registró 36 casos, en 2023 fueron 26 y en 2022 contabilizó 16.
“Especialmente en las zonas rurales de Colombia, muchos estudiantes se enfrentan a un peligroso trayecto para ir y volver de la escuela, expuestos a la amenaza de fuego cruzado, artefactos explosivos y reclutamiento forzado. Ya es suficiente”, agregó Rizzo.
Igualmente, hizo un llamado a cumplir la Declaración de Escuelas Seguras, y resaltó que los estudiantes y el personal educativo son civiles y deben ser protegidos para que no sean blanco de actores armados.
“Las escuelas nunca deben ser campos de batalla. Instamos a todos los actores armados a que cumplan con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional y sus compromisos en virtud de la Declaración sobre Escuelas Seguras para proteger el derecho de todas las niñas y niños a una educación segura”, afirmó Rizzo.
Esta violencia sucede además en medio de una “crisis más amplia que sufre Colombia”, pues solo en los primeros seis meses del año más de 1,5 millones de personas han resultado afectadas por la violencia y el conflicto armado, una cifra que es cuatro veces mayor a la registrada en el mismo periodo de 2024.
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“El Gobierno y la comunidad internacional deben evitar que el conflicto armado se agrave. Todas las partes implicadas en el conflicto deben tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil y a las infraestructuras civiles, incluso en medio del conflicto”, expresó Rizzo.
Por eso, concluyó, “las escuelas no deben utilizarse con fines militares, sino que deben seguir siendo espacios seguros, libres de armas y personal militar, y lugares donde niñas y niños puedan sentirse capaces de aprender”.
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