(EFE). La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este miércoles un paro armado de 48 horas en el departamento colombiano del Chocó (oeste) a partir del próximo 25 de julio, por la “grave situación humanitaria” y el supuesto avance del “terrorismo de Estado” en la región.
“Para visibilizar la grave situación humanitaria, decretamos un paro armado de 48 horas en todo el departamento de Chocó a partir de las 00:00 horas del día 25 de julio de 2025”, indicó en un comunicado el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla.
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Se trata del tercer paro armado impuesto por el ELN en lo que va del año en este departamento, donde esa guerrilla alega que hay una supuesta alianza entre militares y paramilitares del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.
En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones.
Supuestos abusos de la fuerza pública
“A la población en general, transportadores públicos o de carga que transitan por ríos o carreteras, absténganse de movilizarse, eviten cualquier incidente, nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, sostuvo el ELN en el comunicado.
La guerrilla, uno de los principales causantes de la violencia en el Chocó, alega que la medida obedece a “una de las más mayores arremetidas paramilitares de los últimos tiempos en connivencia con la fuerza pública, que tiene como objetivo destruir el tejido social, que resiste y se opone al modelo extractivista que pretende a toda costa saquear los recursos naturales” de la zona.
El grupo precisó que miembros del Ejército Nacional incursionaron el domingo pasado en la comunidad Chiriquí, en el municipio de Lloró, donde supuestamente “secuestraron a doce personas no combatientes, cuatro afrodescendientes y ocho indígenas, entre ellos un joven de dieciséis años y un niño de dieciocho meses”.
Al día siguiente, continuó el mensaje, estas mismas unidades militares presuntamente retuvieron a un hombre que “fue torturado y herido en una pierna”.
Petro y la “paz total”
Una de las grandes promesas de campaña del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien durante su juventud fue militante de la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19) y asumió el poder en agosto de 2022, fue sacar adelante la política de “paz total” con los grupos armados.
Con esta política, Petro buscaba negociar un acuerdo con el ELN y las disidencias de las FARC, además de someter a la justicia a grupos delincuenciales como el Clan del Golfo.
Sin embargo, el propio mandatario reconoció el domingo pasado, en un discurso en la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, que la paz sigue siendo una deuda de su Gobierno.
Organismos internacionales han alertado en los últimos años el deterioro del conflicto armado en Colombia, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alcanzó en 2024 su punto más crítico desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las antiguas FARC en 2016.
Tras sancionar la ley de “paz total”, en diciembre de 2022, el Gobierno de Petro decretó varios ceses al fuego bilaterales con grandes grupos ilegales, entre ellos el ELN.
Pero el cese al fuego con esta guerrilla venció el 3 de agosto de 2024 y no se ha prorrogado. El grupo armado impuso como una de las condiciones que el Gobierno lo retirara del listado de grupos armados organizados (GAO) para reanudar la tregua.
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