La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió este miércoles una orden de detención preventiva contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La medida se da en el marco de una investigación por supuesta participación en una red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El caso se relaciona con presuntos pagos irregulares a ambos congresistas, que habrían sido realizados por funcionarios de la UNGRD con el objetivo de influir en decisiones legislativas. Según testimonios entregados por el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, Iván Name habría recibido 3 000 millones de pesos y Andrés Calle 1 000 millones. Los dineros provendrían de sobrecostos en contratos de adquisición de carrotanques para abastecer de agua a comunidades de La Guajira.
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Las entregas de dinero habrían ocurrido en octubre de 2023, semanas antes de las elecciones regionales, en las que familiares de los parlamentarios participaron como candidatos.
La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala de Instrucción del alto tribunal, que notificó oficialmente la orden para que sea ejecutada por las autoridades. Los delitos que se investigan son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
En respuesta, el senador Iván Name publicó un comunicado en el que señala que las conversaciones, en las que aparece en contacto con funcionarios del Gobierno y un magistrado de la Corte Constitucional, han sido manipuladas y sacadas de contexto. “El envío del orden del día por WhatsApp no constituye, bajo ninguna lógica jurídica, una conducta indebida”, escribió. Aseguró además que los encuentros que sostuvo fueron públicos y realizados de forma institucional.
Name se desmarcó de los señalamientos y defendió su trayectoria. “Solicito que se impongan consecuencias a quienes hayan cometido delitos, pero dentro del marco del debido proceso, sin filtraciones ni presiones mediáticas”, puntualizó.
La Corte Suprema continúa con las investigaciones, que también tocan a exdirectivos de la UNGRD como Olmedo López, otro de los protagonistas del caso, quien ha aportado información clave tras declararse culpable.
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Este proceso marca un nuevo episodio en la crisis institucional que rodea la gestión de recursos públicos para la atención de emergencias en el país. El caso de la UNGRD, que empezó por una compra cuestionada de carrotanques, se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años.
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