La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió aplazar la votación sobre la ponencia que busca formular cargos al presidente Gustavo Petro, en su calidad de candidato presidencial, y abrir una investigación formal a su campaña electoral de 2022. El aplazamiento se dio luego de que la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, solicitara la rotación del expediente. La nueva reunión para discutir el caso se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre.
La investigación se centra en posibles violaciones al régimen de financiación electoral durante la campaña de Petro, tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. Los magistrados que llevan la investigación, Emiliano Rivera y Maritza Martínez, han reunido más de 314 páginas de pruebas que incluyen testimonios, registros contables y documentos financieros.
Según los hallazgos preliminares, la campaña habría excedido los topes de financiación permitidos por más de 5 300 millones de pesos. De confirmarse, esto podría acarrear sanciones que, según el artículo 109 de la Constitución, incluyen la pérdida de investidura o del cargo.
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Además, se investiga la omisión de información financiera en la plataforma Cuentas Claras, vinculada a aportes supuestamente hechos por Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO), y facturas de publicidad no reportadas. Otro aspecto clave de la investigación es la contratación de más de 60 000 testigos electorales para la segunda vuelta presidencial.
El CNE también ha identificado irregularidades en los vuelos utilizados por Petro y su equipo durante la campaña, operados por la empresa Sadi, que anuló facturas y no presentó permisos de vuelo, además de una posible relación con la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado parte de estos traslados.
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