La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) adjudicó la licitación pública con la que, en los próximos dos años, se auditarán cerca de 1.500.000 cuentas por valor aproximado de 3,4 billones de pesos.
En el primer trimestre de 2024 se auditarán cerca de 336.000 cuentas médicas para ponerse al día con estos procesos.
A partir del cuarto mes de 2024 se tramitarán alrededor de 64.600 reclamaciones mensuales, por un valor aproximado de 143.547 millones de pesos.
Por zonas, cada empresa auditará en promedio 16.000 cuentas al mes.
Los ganadores de la licitación harán la revisión y verificación de los requisitos para el pago de las reclamaciones de las IPS por servicios de salud y gastos de transporte causados por accidentes de tránsito de vehículos no identificados o sin SOAT y eventos catastróficos de origen natural o terrorista.
La Adres seleccionó tres firmas que realizarán auditorías por dos años en las cuatro zonas en las que se dividió el país.
El valor adjudicado a las firmas Delta A Salud S. A. S. (zona 1), Consorcio Conaudit 2023 (zona 2) y Unión Temporal Reclamaciones 2023 (zonas 3 y 4) asciende a 87.455 millones de pesos.
Las zonas en las que se dividió el país son:
Zona 1: Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, San Andrés, Sucre y Meta.
Zona 2: Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada.
Zona 3: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Amazonas, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Guainía y Vaupés.
Zona 4: Cauca, Nariño, Valle, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima.
Como mecanismo de transparencia y mitigación del fraude, la contratación incluye obligaciones relacionadas con auditorías de campo a las IPS, analítica de data para identificar conductas atípicas y la verificación de información de datos de vehículos, para repetir judicialmente contra los propietarios que no contaban con SOAT vigente a la fecha del accidente.
Durante 2023, la Adres ha girado, con auditoría propia, como mecanismo de contingencia por la ausencia de una firma externa, 303.000 millones de pesos a los prestadores de servicios de salud por reclamaciones de servicios prestados a víctimas de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural o eventos terroristas.
