El Gobierno nacional retiró del trámite legislativo el proyecto de ley 347 de 2026, una iniciativa que proponía modificar el régimen sancionatorio del sector transporte. La decisión fue formalizada ante el Congreso de la República, luego de las reacciones generadas por el alcance del articulado y sus posibles efectos sobre las plataformas digitales de movilidad.
El proyecto había sido presentado por el Ministerio de Transporte, con el acompañamiento de la Superintendencia de Transporte, con el objetivo de fortalecer las herramientas de inspección, vigilancia y control, así como de combatir el transporte informal. Sin embargo, varios sectores interpretaron que algunos artículos abrían la posibilidad de aplicar sanciones a conductores y usuarios que utilizan aplicaciones de transporte.
Tras su radicación, el articulado motivó pronunciamientos de gremios, plataformas tecnológicas, conductores y usuarios, quienes advirtieron que la redacción permitía la imposición de multas económicas y medidas administrativas vinculadas al uso de servicios de movilidad intermediados por aplicaciones. Estas interpretaciones generaron cuestionamientos públicos sobre el impacto del proyecto en la movilidad urbana y en las actividades económicas asociadas a la economía digital.
Ante este contexto, el Ejecutivo explicó que el retiro del proyecto respondió a la necesidad de revisar y ajustar el texto, con el fin de evitar interpretaciones que, según el Gobierno, no correspondían al alcance previsto inicialmente. Las autoridades señalaron que la iniciativa no buscaba prohibir las plataformas digitales, sino reforzar el control estatal frente al transporte ilegal.
El Gobierno indicó que la discusión sobre la regulación del transporte mediado por plataformas continúa abierta y que no se descarta la presentación de una nueva iniciativa legislativa, con ajustes en la redacción y mayor claridad normativa, antes de retomar el debate en el Congreso.
Con el retiro del proyecto, el trámite legislativo quedó archivado y el marco regulatorio vigente para las plataformas de movilidad se mantiene sin cambios, mientras el Ejecutivo evalúa una eventual propuesta que aborde la regulación del sector.
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