La Universidad de Antioquia informó que se encuentra a la espera de la notificación oficial del Ministerio de Educación Nacional (MEN) respecto al acto administrativo divulgado el 30 de diciembre de 2025, en el que esa cartera anuncia la medida que contempla el reemplazo del rector y representante legal de la institución, en el marco de la vigilancia especial que rige desde julio de 2025.
La Universidad señaló que el propio MEN indicó en su comunicado público que dicha determinación no tiene efectos jurídicos mientras no se cumpla el procedimiento de notificación personal. Las dependencias encargadas de recibir este tipo de actos administrativos permanecen atentas al trámite.
El 29 de julio de 2025, el Ministerio expidió la Resolución 016105, mediante la cual impuso medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad de Antioquia. Frente a esta determinación, la institución interpuso un recurso de reposición dentro de los plazos legales, solicitando la revocatoria de la resolución. El documento presentado incluyó argumentos relacionados con debido proceso, motivación del acto, proporcionalidad, principio de legalidad y autonomía universitaria.
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Previo a ello, la Rectoría ya había reiterado públicamente su disposición a entregar información necesaria para el análisis financiero de la institución, siempre bajo los canales establecidos y salvaguardando la autonomía universitaria. El Consejo Académico también se pronunció en agosto, señalando preocupaciones sobre los posibles efectos de las medidas y llamando a buscar soluciones desde los propios estamentos universitarios.
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2025, el MEN designó a una inspectora para hacer seguimiento presencial a la institución. Según la Universidad, desde entonces se han atendido siete requerimientos oficiales con información administrativa, presupuestal y organizacional, dentro de los tiempos establecidos.
Adicionalmente, el 12 de diciembre, la Rectoría recibió otro requerimiento del Ministerio con observaciones sobre la situación administrativa y financiera de la Universidad y exigencias para estructurar planes inmediatos de saneamiento económico. La respuesta institucional fue entregada el 16 de diciembre, acompañada de anexos y soportes.
El Consejo Académico también se pronunció sobre este requerimiento, señalando las implicaciones que este tipo de comunicaciones pueden generar en el clima institucional.
Frente a la información difundida recientemente por el Ministerio sobre la medida relacionada con la rectoría, la Universidad indicó que mantendrá informada a la comunidad universitaria y a la opinión pública una vez se surta el procedimiento de notificación y avance el proceso correspondiente.
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