El presidente Gustavo Petro derogó el decreto 1844 de 2018, expedido por el expresidente Iván Duque, en el cual se fijaban los procedimientos de la Policía para combatir el consumo de drogas, estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias en espacios públicos.
Esta decisión causó revuelo y una enorme confusión jurídica. El Gobierno nacional argumenta que lo que cambiará es que ya no van a perseguir a los consumidores, pero que sí seguirán combatiendo a los expendedores.
Por su parte, muchos padres de familia y líderes políticos creen que la fuerza pública quedó desarmada para evitar el consumo de sustancias en parques públicos.
Recordemos que en Colombia es legal el consumo, pero es ilegal la venta y distribución.
La Ley 30 de 1986, con la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, fija que la dosis personal es la siguiente: marihuana 20 gramos, marihuana hachís cinco gramos, cocaína un gramo y metacualona dos gramos.
Lo que pasaba con el anterior decreto, era que la fuerza pública, vía Código de Policía, podía imponer multas de hasta $197.000 y sanciones administrativas a quienes portaran y consumieran estupefacientes y psicotrópicos en zonas públicas, para que los derechos sociales, en especial de los niños, prevalecieran sobre derechos personales como el del libre desarrollo de la personalidad, que es el que permite el consumo en Colombia.
Reacciones:
Andres Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia: “El consumidor requiere atención y no persecución: estamos de acuerdo. Pero esto es complicidad con el expendedor, el narco, el delincuente del microtráfico, con el que extorsiona y asesina en una batalla ilegal por el control en los barrios, la calle, la cuadra. El Gobierno nacional, de tiempo atrás, viene impidiendo a los gobiernos territoriales la efectiva protección de los ciudadanos”.
Nelson Carmona, alcalde de La Ceja: “Hombre, es muy difícil así, cada vez menos herramientas para la fuerza pública y autoridades, impera el desorden y el caos. ¡Lamentable!”.
Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín: “Con las herramientas que nos queden a los alcaldes del país, haremos un gran esfuerzo para garantizar seguridad y tranquilidad a nuestra gente. Qué bueno que lo pudiéramos hacer también de su mano. Créame que los papás y mamás de Colombia no queremos ver los parques, escenarios deportivos y demás espacios públicos tomados por la droga y la criminalidad”.
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Néstor Osuna, actual ministro de Justicia: “Este decreto no elimina la prohibición del comercio y tráfico de drogas. El decreto lo único que hace es derogar la multa para el porte de dosis personal, la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que el porte no se puede sancionar administrativamente, lo que eliminamos es la multa al porte de dosis personal”.
¿Qué sigue?
Serán las autoridades locales las que determinen los sitios públicos de prohibición de consumo de estupefacientes.
