El proyecto de ley que buscaría instaurar las cabalgatas en Colombia como una actividad económica, recreativa y, además, cultural, generó un debate amplio en la Cámara de Representantes, donde uno de los aspectos de mayor controversia surgió al plantear que esta práctica fuese financiada con recursos públicos.
Según información de la W Radio, la propuesta es impulsada, en su mayoría, por congresistas del Centro Democrático, y aunque representantes como el animalista Juan Carlos Losada pidieron archivarla, fueron derrotados por las posiciones de la mayoría.
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Para los animalistas, este proyecto de ley aprobado en segundo debate de la Cámara, el lunes 4 de octubre, "le da bases legales al maltrato animal"; mientras que para el gremio significa apoyar desde el Gobierno una expresión cultural que se evidencia en todo el país, "la cual genera más de 480.000 empleos directos e indirectos”, señaló Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático.
Hoy las cabalgatas son una realidad, con ley o sin ley. Lo que queremos con esta reglamentación es buscar el bienestar animal y el de un sector de la economía
agregó Christian Garcés.
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De aprobarse el proyecto de ley ante el Senado, las cabalgatas no podrían prohibirse en ninguna municipalidad y serían los integrantes de los concejos municipales los encargados de estipular las condiciones con las que se regularía dicha actividad y, bajo este panorama, incluso podría recibir recursos públicos, a través de MinAgricultura, ICA, MinCultura, MinDeporte y Corpoica.
Por su parte, Héctor José Vergara, director de Fedequinas, que agrupa a 24 asociaciones de 19 departamentos, aseguró que de esta manera se podrán definir las condiciones de la realización de cabalgatas, de tal forma que se contaría con asesoría y acompañamiento de médicos veterinarios, con la finalidad de no incurrir en el maltrato a los animales.
Sin embargo, según información de El Colombiano, la opinión del representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, es que “institucionalizar las cabalgatas es promover el maltrato animal. Esto desconoce lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2010, en la que se afirmó que es contrario al mandato constitucional que se destinen recursos públicos para el desarrollo de actividades culturales que impliquen el uso de animales y que puedan generar maltrato animal”, arguyó.
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