La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los exalcaldes de San Rafael y Guarne, periodo 2016-2019, por presuntas irregularidades en contratos para el transporte de estudiantes y para el diseño y construcción del sistema central de espacios públicos, respectivamente.

Lea también: Denuncian a pareja que alquila vehículos para luego venderlos con falsos documentos

    • El ente de control le endilgó al exalcalde de San Rafael, Abad de Jesús Marín Arcila, la presunta omisión de verificar que Sotrapeñol Ltda. y Sotrasanvicente & Guatapé La Piedra SCA fueran empresas sin ánimo de lucro, en cumplimiento de lo previsto en la normatividad que regula la contratación estatal

    manifestó la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado.

    Para el ente de control, el funcionario en su momento desatendió la modalidad y el procedimiento de contratación pública establecido legalmente para adelantar los convenios de asociación."El implicado pudo transgredir, entre otras normas, el artículo 355 de la Constitución Política que establece que "(...) los contratos que (...) celebran la Nación, los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público (...) se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares (...)". 

    Por otra parte, al exmandatario de los guarneños, Sneyder Willington Quiceno Marín, fue cuestionado por presuntas irregularidades en el contrato para diseñar y construir el sistema central de espacios públicos del municipio.

    Al exmandatario se le cuestionó por presuntamente permitir la celebración del contrato de obra pública con el Consorcio Parque Lineal por más $11.000 mil millones de pesos, sin ejercer control sobre las funciones que le correspondía desempeñar a su secretaria de Hacienda

    indica el comunicado del ente nacional.

    En este orden de ideas, la exsecretaria de Hacienda, Daissy Marcela Llano Pineda (2016-2019), se le reprochó la certificación irregular de la apropiación de vigencias futuras por $8.215 millones de pesos, un monto que estría por encima del 70 % del proyecto, para atender los pagos derivados del bilateral en el 2017.

    Los sujetos procesales podrán presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo consideran pertinente, según indicó el ente.

    En otras noticias: Aumentó el número de líderes sociales asesinados en los primeros 100 días del Gobierno Petro