En la institución educativa Josefina Muñoz González, ubicada en Rionegro, se ha suscitado una controversia que involucra acusaciones de persecución y vulneración del derecho a la educación de un estudiante, según denunció públicamente su madre. La situación comenzó el 2 de febrero de este año y ha generado un intenso debate sobre el manejo de conflictos dentro del ámbito escolar.
Según la madre del estudiante, el conflicto inicial se produjo cuando su hijo se negó a ayudar a un compañero con una tarea en la clase de matemáticas. El compañero habría respondido con palabras obscenas, pero el profesor, al parecer, interpretó incorrectamente que era su hijo quien había hecho los comentarios inapropiados hacia él, desencadenando un enfrentamiento verbal. La madre afirma que el profesor amenazó a su hijo con violencia y lo excluyó de las clases de matemáticas desde entonces, afectando su rendimiento académico.
“El profesor reconoció que amenazó a mi hijo”, declaró la madre. “Mi hijo ha perdido matemáticas debido a esta situación, y la administración escolar no ha tomado medidas adecuadas para resolverlo”.
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La madre ha buscado ayuda en diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Educación, la Fiscalía y la Personería, sin recibir una respuesta efectiva. Según ella, las autoridades le han dicho que debe esperar debido a la naturaleza del proceso; entretanto su hijo, presuntamente, sigue siendo excluido de las clases.
La situación también ha afectado la estabilidad emocional de la familia. La madre sostiene que su hijo tiene la capacidad intelectual para sobresalir, pero ha sido evaluado en temas que no ha visto porque no ha estado en clase. Además, denuncia que otros profesores han comenzado a atacar a su hijo, calificándolo de irresponsable y hasta de “marihuanero”.
Por su parte, la rectora Ángela Patricia Castaño ofreció una versión diferente de los eventos. Si bien concuerda en que todo inició por unos insultos, sostiene que la situación escaló a amenazas hechas tanto por el estudiante como por el profesor.
Intentamos hacer una conciliación para que el muchacho pudiera seguir asistiendo a clases de matemáticas con tranquilidad, después de zanjar la querella, pero los padres no quisieron, y formularon un derecho de petición, que enviaron tanto al colegio como a otras entidades
explicó Castaño.
“El estudiante es bueno en matemáticas y podría aprobar la materia, así que queremos encontrar una solución amistosa para que este pueda ganar la materia y el año”, afirmó la directiva.
Castaño aseguró que cualquier ausencia del estudiante en clases no es responsabilidad del profesor. “El estudiante llega tarde para que lo dejen fuera, o de lleno no ingresa. Si llegara a tiempo, no habría razón para que no entrara a clase”, afirmó. También mencionó que el estudiante había reprobado varias materias el año pasado y no solo matemáticas en el primer periodo de este año.
La rectora confirmó que el derecho de petición enviado por los padres está en proceso de respuesta dentro de los términos legales y que el control interno está al tanto de la situación. “Control interno está esperando mi respuesta para proceder, pero ellos saben que si el estudiante no ha entrado a clase, no ha sido por negativa del profesor”, aclaró.
Respecto a las acusaciones de persecución por parte de otros profesores, Castaño indicó que no tiene conocimiento de tales acciones. “Sería muy bueno que la madre se acercara a la rectoría y me contara qué está pasando”, sugirió. También negó haber aconsejado que el estudiante cambiara de colegio y reiteró su disposición a resolver el conflicto.
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